BRUSELAS.- Una reforma internacional de la fiscalidad de los ingresos digitales
de las empresas es poco probable si Estados Unidos mantiene un plan de
“puerto seguro” que permita a las compañías elegir su tributación, dijo
el martes el comisario de Economía de la UE y competente en asuntos
fiscales del bloque, Paolo Gentiloni.
Las obsoletas normas fiscales
transfronterizas están a punto de reescribirse en el marco de un
compromiso conjunto de 137 estados para reformar un sistema que ha sido
tensionado hasta casi la ruptura por compañías como Amazon, Facebook y
Google, que han contabilizado beneficios en países de baja tributación
como Irlanda, independientemente de dónde se encuentran sus clientes.
Un acuerdo global es crucial para evitar guerras comerciales y
múltiples gravámenes nacionales a los ingresos digitales, pero es
complicado por las posiciones encontradas de las partes.
Estados
Unidos ha aceptado en principio la reforma, pero ha propuesto conceder a
las empresas multinacionales la opción de ser gravadas con las normas
existentes o con futuros acuerdos que se están negociando en el seno de
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), un
organismo mundial responsable de los estándares fiscales.
La
propuesta estadounidense “hará de hecho muy improbable una solución
global”, dijo Gentiloni el martes ante los diputados del Parlamento
Europeo en Bruselas.
Sin embargo, el político italiano añadió que
aún confiaba en alcanzar un acuerdo provisional en julio, hacia el que
se podría avanzar en las conversaciones que los ministros de Finanzas
del G20 mantendrán en Riad, la capital de Arabia Saudí, del 20 al 23 de
febrero.
Gentiloni reiteró que si no se llegaba a un compromiso a
nivel mundial para finales de año, la Comisión Europea, el brazo
ejecutivo de la UE, propondría cambios a nivel del bloque.
Sin embargo, en los últimos años han fracasado los intentos de
diseñar una normativa fiscal paneuropea por la oposición de Irlanda y de
otros países con baja tributación de sociedades.
Este martes, el
Gobierno español aprobó la popularmente conocida como “tasa Google”, un
impuesto destinado a gravar los ingresos de las grandes empresas
tecnológicas internacionales, pero dijo que la recaudación prevista,
unos 968 millones de euros, no se produciría hasta finales de año, para
dar tiempo a que las negociaciones internacionales lleguen a buen
puerto.
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