ESTRASBURGO.- El Parlamento Europeo (PE) aprobó esta semana una resolución que critica el deterioro del Estado de derecho en Polonia y Hungría y pidió más medidas para mejorar la calidad democrática de esos dos países.
El texto obtuvo el apoyo de las cinco grandes fuerzas de la Eurocámara (el Partido Popular Europeo, los Socialistas y Demócratas, los liberales de Renew, los Verdes y la Izquierda Unitaria), pero no así de los eurodiputados del PP español que asistieron al pleno.
La resolución salió adelante con 446 votos a favor, 178 en contra y 41 abstenciones.
La
delegación española se desvió de la línea seguida por su familia
política, que votó en su gran mayoría a favor de la resolución en un
momento en que la formación se plantea expulsar definitivamente al
Fidesz, el partido del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, que lleva meses suspendido como miembro por su deriva antieuropea.
La resolución fue también rechazada por el grupo de los Conservadores y reformistas, del que es miembro el partido ultraconservador Ley y Justicia (PiS) que gobierna en Polonia, así como la formación española Vox y los nacionalistas flamencos de la N-VA;
por el grupo Identidad y Democracia, que aglutina a los euroescepticos,
y por varios eurodiputados no inscritos en ningún grupo.
La
Unión Europea (UE) activó en 2017 contra Polonia y en 2018 contra
Hungría el procedimiento conocido como Artículo 7, ante la preocupación
por la falta de independencia de sus sistemas judiciales, la situación de la libertad de expresión, la corrupción y el estado de la democracia en general en ambos países.
La
Eurocámara considera que los debates que la Comisión Europea (CE) y los
ministros del resto de Estados miembros han tenido desde entonces con
Varsovia y Budapest no han servido para que los países, gobernados por
partidos conservadores y nacionalistas, "vuelvan a alinearse con los
valores fundacionales de la UE".
Los
eurodiputados piden en su resolución que los debates que se realizan
habitualmente con los dos países sean "más regulares y estructurados" y
llaman al Consejo (los Estados) a emitir recomendaciones concretas, con
plazos de tiempo, a ambos para asegurar que respetan la legislación
comunitaria.
Asimismo, solicitan al Ejecutivo comunitario que utilice todas las herramientas a su alcance,
en particular los procedimientos de infracción, que en última instancia
permiten llevar a un país ante la justicia, y la demanda de medidas
preventivas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
El procedimiento del Artículo 7 puede tener como última consecuencia la retirada del derecho de voto a un país en concreto,
pero para ello se requiere la unanimidad de todos los demás, por lo que
resulta imposible de aplicar a Hungría si Polonia vota en contra, y
viceversa.
Hasta ahora el proceso se ha saldado con sendas demandas a Polonia por su controvertida reforma del sistema judicial,
que ha sido en parte enmendada a raíz de las sentencias en contra de
los tribunales europeos, así como a Hungría por sus leyes contra las
organizaciones civiles, entre otras.
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