PARÍS.- El gobierno francés
aseguró el viernes que está resuelto a llevar a cabo su explosiva
reforma de las pensiones pese a una huelga masiva que tenía paralizada,
por segundo día consecutivo, los transportes públicos de todo el país y
obligó a cancelar cientos de vuelos.
El nuevo sistema "garantizará
a los franceses justicia y solidaridad", aseguró el primer ministro,
Edouard Philippe, en un discurso solemne retransmitido por televisión,
después de que la víspera más de 800.000 franceses salieran a las calles
en más de 70 ciudades del país para decir "no" a la reforma que prepara
su gobierno.
Ferroviarios, policías, profesores, enfermeros,
recolectores de basura, transportistas y "chalecos amarillos" - el
potente movimiento social de protesta surgio en 2018 - también se
sumaron al paro el jueves y amenazan con volver a salir a las calles el
próximo martes.
El paro en los
transportes públicos continuaba el viernes.
El 90% de los trenes de
larga distancia fueron cancelados, así como el 70% de los trenes
regionales, la mayoría de las líneas del metro de París permanecían
cerradas al menos hasta el lunes y los autobuses circulaban a
cuentagotas.
En los aeropuertos, la situación era también caótica.
La compañía aérea nacional Air France canceló por segundo día
consecutivo el 30% de sus vuelos domésticos y el 10% de sus vuelos de
media distancia debido a una huelga entre los controladores aéreos.
Pero pese al temor de que el país quede bloqueado durante
varias semanas, como ocurrió en 1995, cuando la ciudadanía torció el
brazo del gobierno de ese entonces que quería ya reformar el sagrado
sistema de pensiones francés, el actual gobierno no tiene intenciones de
ceder.
"Estoy convencido de que,
con las organizaciones sindicales, encontraremos un buen equilibrio
(...) sin renunciar a nuestra voluntad firme (...) de crear un sistema
universal", afirmó el primer ministro. El gobierno no busca "la
confrontación", insistió.
El primer ministro "sigue sordo a las
exigencias del mundo del trabajo" reaccionó el sindicato CGT, principal
organizador de las protestas.
La reforma de las pensiones,
que es una promesa de campaña del presidente Emmanuel Macron, tiene como
objetivo eliminar los 42 regímenes especiales que existen actualmente y
que permiten jubilaciones anticipadas y otros beneficios a ciertas
categorías profesionales.
Algunos de estos regímenes, como los que
gozan los empleados de las empresas de ferrocarriles o los marinos,
entre otros, fueron creados para compensar la naturaleza riesgosa o
desgastante en ciertas profesiones.
En su lugar se instaurará un sistema único, por puntos, en el que todos los trabajadores tendrán de los mismos derechos.
Para
el gobierno, se trata de un sistema "más justo y simple". Pero los
sindicatos temen en cambio que el nuevo sistema atrase la jubilación,
actualmente en 62 años, y disminuya el monto de las pensiones.
"Nuestros conciudadanos (...) saben que progresivamente
tendremos que trabajar un poco más de tiempo, pero es lo que sucede ya
en otros países comparables con Francia", afirmó el primer ministro, sin
dar más detalles.
Philippe, que se ha marcado el objetivo de
implementar la reforma en el horizonte 2025, prometió no obstante
llevarla a cabo de forma "progresiva" y "sin brutalidad".
El
proyecto completo, del que se conocen apenas algunas pistas, será
presentado el miércoles, añadió el jefe del gobierno francés.
Por
su parte, después del éxito de su primera jornada de movilización el
jueves, los sindicatos contrarios a la reforma quieren mantener la
presión y llamaron a los franceses a volver a paralizar el país el
martes.
En cuanto a los transportes públicos, el paro continuará
el fin de semana, sobre todo en París, donde nueve de las 16 líneas del
metro se mantendrán cerradas, cinco funcionarán a una capacidad reducida
y sólo dos, completamente automatizadas, operarán de forma normal.
En
los últimos días los parisinos han tenido que armarse de paciencia para
desplazarse. Muchos han desempolvaron sus bicicletas, o se han
aventurado a tomar los monopatines de libre servicio que pululan por la
capital.
Asimismo, siete de las ocho refinerías del país estaban
en huelga, lo que aumenta el riesgo de una escasez de combustible si la
movilización continúa.
Según un sondeo, 62% de los franceses apoya la huelga y 75% desaprueba la política económica y social del gobierno francés.
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