BUENOS AIRES/LA PAZ.- Argentina permitirá que el expresidente boliviano Evo Morales, quien
llegó el jueves al país y a quien se le ha otorgado la condición de
refugiado, haga declaraciones políticas durante su estancia en el país,
dijo un alto cargo en una entrevista publicada el domingo.
La
declaración del jefe del Gabinete de ministros de Argentina, Santiago
Cafiero, contradice al Ministro de Relaciones Exteriores argentino
Felipe Solá, quien dijo el jueves que le había pedido a Morales que se
abstenga de hacer declaraciones políticas.
El presidente
argentino Alberto Fernández, quien asumió el cargo el martes, dijo antes
de ser elegido que el izquierdista Morales sería bienvenido en el país.
Morales dejó Bolivia después de unas controvertidas elecciones en
octubre que causaron una crisis política.
“El refugiado tiene los mismos derechos que un ciudadano argentino,
con lo cual tiene libertad de expresión, de declarar, de pensar y decir
lo que quiera. Nosotros no le vamos a restringir sus libertades”, dijo
Cafiero al diario La Nación.
Más tarde, Morales escribió en
Twitter que estaba ayudando a planificar la estrategia de campaña de su
partido para las próximas elecciones.
La presidenta interina de
Bolivia, Jeanine Áñez, dijo que en los próximos días se
emitirá una orden de arresto contra Morales, acusado de sedición.
Morales
abandonó Bolivia a mediados de noviembre, pocos días después de su
dimisión como presidente, después de que la Organización de los Estados
Americanos dijera que existían irregularidades en el sistema de recuento
de los votos en las elecciones de octubre. Morales afirma haber sido
reelegido en dicha votación.
Dimitió bajo la presión de las
fuerzas armadas en lo que ha llamado un golpe de Estado. Morales llegó a
Argentina procedente de México, donde había pasado alrededor de un mes
después de dejar Bolivia.
Nueva investigación
El senador oficialista
boliviano Oscar Ortiz anunció la investigación a un conglomerado de
empresas presuntamente vinculadas a los exmandatarios Evo Morales y
Álvaro García, y sospechosas de corrupción.
"La Fiscalía tiene que
investigar a este grupo de empresas para que lleguemos a conocer el
fondo de la verdad sobre quiénes eran los verdaderos dueños y de dónde
habrían sacado los recursos para hacerse del control de las mismas",
declaró a la prensa el legislador.
Las empresas involucradas son las cadenas de televisión
ATB y PAT, el diario La Razón, la agroindustrial Gravetal y la
administradora de fondos de jubilación ProVida.
Para Ortiz, el
caso "demuestra el abuso del poder que utilizó el anterior gobierno y
que se transformaba en beneficios económicos". Sostuvo que en este
asunto "hay un problema de corrupción muy serio".
Las
investigaciones incluirán auditorías a los movimientos económicos, a los
créditos otorgados, a las condiciones de transferencia de las empresas y
al origen de los fondos empleados en las diferentes transacciones.
Evo
Morales, refugiado en Argentina, se defendió en Twitter. "Quienes me
acusan de ser dueño de un conglomerado de empresas, que presenten una
sola prueba de que soy socio o dueño de las mismas. Es otra vil mentira,
montada por el gobierno de facto de (Jeanine) Añez, (Luis Fernando)
Camacho y (Carlos) Mesa, en su plan de persecución y acoso", escribió.
Ortiz
replicó de inmediato, también mediante las redes sociales: "Obviamente
en estos casos no aparecen los nombres de los propietarios reales, sino
de quienes figuran por ellos. Según la fiscalización que he realizado,
los ejecutivos de ATB, PAT, La Razón, Gravetal y Provida, reportaban de
su gestión al exvicepresidente (Álvaro) García. ¿Usted no sabía?".
En
un comunicado, el empresario Marcelo Hurtado, sindicado de manejar el
conglomerado, negó el hecho y aseveró que su única relación empresarial
es con la cadena ATB "en calidad de uno de los socios y formalmente como
Representante Legal Ejecutivo".
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