MANAGUA.- La
nacionalización de la Distribuidora Nicaragüense de Petroleo S.A.
(DNP), que dirige Rafael Antonio Ortega Murillo, uno de los hijos del
presidente del país, Daniel Ortega, y que acaba de ser sancionada por
EE.UU., "es un robo al Estado" de Nicaragua, consideró este domingo un
político opositor.
La
denominada "Ley de aseguramiento soberano y garantía del suministro de
combustibles y productos derivados del petróleo a la población
nicaragüense", presentada por Ortega con carácter urgente y aprobada por
el Parlamento con los votos de los sandinistas y sus aliados, no
establece el monto que pagará al Estado a DNP, advirtió el político y
abogado opositor Eliseo Núñez.
Ese
quiere decir, según el opositor, que el hijo de Ortega y sus socios en
DNP podrán definir el precio sin seguir los parámetros de expropiación
que establece la Ley de Hidrocarburos.
"En
el caso de nacionalizar por la vía (Ley de Hidrocarburos), hubiesen
tenido que pagar las instalaciones al precio de valoración que se
mandata (por Catastro), pero como lo hicieron por una nueva Ley,
entonces es un proceso especial el que crearon para poner el precio que
ellos quieran y evidentemente robarle al Estado", alertó.
El
Parlamento autorizó este sábado al Estado la nacionalización de DNP,
luego de que el jueves pasado el Departamento del Tesoro anunciara
sanciones contra Rafael Ortega, y dos empresas bajo su control
utilizadas para el "lavado de dinero".
Las
empresas designadas por el Gobierno estadounidenses son Inversiones
Zanzíbar, S.A. y Servicio De Protección y Vigilancia, S.A., a las que
acusa de ser utilizadas por Rafael Ortega "para generar beneficios,
lavar dinero y ganar acceso preferente a los mercados para el régimen de
Ortega".
Asimismo,
el Tesoro incluyó en su lista de compañías sancionadas a DNP, empresa
con la que la familia Ortega "se ha enriquecido personalmente a través
de contratos sin competencia con instituciones gubernamentales de
Nicaragua".
En
su iniciativa, el presidente Ortega calificó esas medidas, sin
mencionarlas, como "decisiones unilaterales de absoluta ilegalidad y
coercitivas".
La
Ley básicamente traspasa todos los inventarios de DNP al Estado de
Nicaragua, que designó al Ministerio de Energía y Minas para encargarse
de su administración.
El
presidente de la Cámara de Energía de Nicaragua, César Zamora, explicó
que la sanción de Estados Unidos buscan que la empresa DNP deje de
operar y "esa es una salida que funciona".
"Y que la asuma el Estado también es una salida que funciona y no contamina al Estado" nicaragüense, opinó.
Por
su lado, la disidente sandinista Dora María Téllez advirtió sobre el
conflicto de interés en esa transacción, debido a que el presidente
Ortega usa al Estado para proteger una empresa que dirige uno de sus
hijos, que es acusada de lavar dinero.
En
ese mismo sentido se pronunció la legisladora liberal opositora Azucena
Castillo, para quien esa transacción "se presta para un lavado", porque
cualquier gestión que se haga con la empresa sancionada "contamina a
quien las compra", en este caso "se le pasa la contaminación al
Ministerio de Energía y Minas.
DNP
tiene una red de 69 estaciones de servicio en todo el país y controla
el 30 % de las importaciones de los productos terminados o derivados del
petróleo.
Nicaragua
atraviesa una grave crisis que ha dejado 328 muertos desde abril de
2018, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), aunque algunos grupos elevan a 651 las víctimas mortales,
mientras que el Ejecutivo solo reconoce 200 y denuncia un intento de
golpe de Estado.
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