WASHINGTON.- El
Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves sanciones
económicas contra tres altos cargos del Gobierno de Nicaragua por su
implicación en "abusos de derechos humanos, fraude electoral y
corrupción", a la vez que exigió "elecciones pronto y libres" en el país
centroamericano.
Los
sancionados son Ramón Avellán Medal, subdirector general de la Policía
de Nicaragua; Lumberto Campbell Hooker, presidente del Consejo Electoral
Supremo; y Roberto López Gómez, director del Instituto de Seguridad
Social (INSS).
"Estamos
apuntando a miembros del régimen del presidente Daniel Ortega que se
han implicado en abusos de derechos humanos y corrupción", afirmó el
secretario adjunto del Tesoro, Justin Muzinich, en un comunicado.
Las
sanciones bloquean todos los bienes e intereses de los afectados en
EE.UU. y prohíbe transacciones financieras con entidades
estadounidenses.
Previamente,
el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, había impuesto
sanciones al Banco Corporativo (BanCorp) de Nicaragua, una entidad
financiera vinculada a los sandinistas; a Rosario Murillo, esposa de
Ortega y vicepresidenta del país, y a uno de sus hijos, Laureano Ortega
Murillo.
También
han sido sancionados el tesorero del oficialista Frente Sandinista de
Liberación Nacional (FSLN) y vicepresidente de la petrolera Alba de
Nicaragua S.A. (Albanisa), Francisco López; y el secretario general de
la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno.
El
exasesor presidencial estadounidense John Bolton ubicó a finales de
2018 a Nicaragua, junto a Cuba y Venezuela, dentro de "la troika de la
tiranía" en Latinoamérica.
Nicaragua
atraviesa una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril de
2018, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), aunque algunos grupos elevan a 568 las víctimas mortales,
mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de
golpe de Estado.
¿Quiénes son?
¿Quiénes son?
Los
tres nuevos funcionarios son el presidente interino del Consejo Supremo
Electoral (CSE), Lumberto Campbell; el presidente ejecutivo del
Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), Roberto López; y el
subdirector de la Policía Nacional, Ramón Avellán.
El
Departamento de Tesoro de Estados Unidos sancionó a la esposa de Ortega
y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo; así como a su consuegro
Francisco Díaz y jefe de la Policía Nacional; y a Laureano Ortega
Murillo, uno de los hijos de la pareja presidencial.
Otros
allegados a Ortega sancionados son su asesor de seguridad nacional,
Néstor Moncada Lau; el tesorero del gobernante Frente Sandinista de
Liberación Nacional (FSLN), Francisco López; y el titular de la Asamblea
Nacional y líder sindical, Gustavo Porras.
También
la exministra de Salud Sonia Castro; el ministro de Transporte e
Infraestructura, Óscar Mojica; el titular del Instituto Nicaragüense de
Telecomunicaciones y Correos (Telcor), Orlando Castillo; el expresidente
del CSE Roberto Rivas; y el secretario general de la Alcaldía de
Managua, Fidel Moreno.
El
20 de diciembre del año pasado el presidente de EE.UU., Donald Trump,
firmó la "Nica Act" que impone sanciones individuales a miembros del
Gobierno de Ortega, además de limitar el acceso de Nicaragua a préstamos
internacionales como los del Banco Mundial y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
EL "COMANDANTE GUERRILLERO"
-
Lumberto Ignacio Campbell Hooker. El presidente interino del Poder
Electoral, de 70 años, es un antiguo "comandante guerrillero" que fue
elegido magistrado electoral por la Asamblea Nacional, controlada por
los sandinistas, en abril de 2014, y es hermano del actual embajador de
Nicaragua en Washington, Francisco Campbell.
Nacido
el 3 de febrero de 1949, se integró al FSLN a sus 19 años, participó en
la lucha armada contra la dictadura de los Somoza, y durante el primer
Gobierno sandinista (1979-1990) fue funcionario de alto rango en la
ciudad de Bluefields, en el Caribe, de donde es originario.
Estados
Unidos lo señala de estar involucrado en tácticas antidemocráticas para
garantizar que Ortega y sus aliados ganen elecciones.
Ligia
Gómez, exalto cargo del Banco Central de Nicaragua, dijo el año pasado
ante el Congreso estadounidense que Campbell fue uno de los ejecutores
de la orden de la vicepresidenta Murillo de responder "con todo" a las
protestas antigubernamentales.
EL CAPITÁN RETIRADO
-
Roberto José López Gómez. Es un médico y capitán retirado que fue
nombrado al frente del INSS desde enero de 2007, cuando Ortega retornó
al poder.
Una
impopular reforma a la seguridad social fue el detonante de las
protestas que estallaron el 18 de abril de 2018 en Nicaragua y que han
dejado cientos de muertos y decenas de miles en el exilio.
Estados
Unidos acusa a López, miembro de la sandinista Federación de
Trabajadores de la Salud (Fetsalud), de participar en una serie de
transacciones que involucran prácticas engañosas, apropiación indebida
de activos públicos o la expropiación de activos privados para beneficio
personal o con fines políticos, así como corrupción relacionada con
contratos gubernamentales o soborno.
El
INSS es uno de los principales vehículos que facilitan la corrupción,
se ha utilizado como fondo para sobornos del Gobierno, y ha estado
implicado en escándalos de corrupción y esquemas de lavado de dinero
bajo la supervisión de López, según el Departamento de Estado.
EL POLICÍA "REPRESOR"
-
Ramón Antonio Avellán Medal. Graduado como docente, fue bombero y
"guerrillero" antes de ingresar a la Policía Sandinista que luego pasó a
llamarse Policía Nacional, de la cual es su subdirector y es
considerado por los opositores como uno de los máximos represores de las
manifestaciones.
Avellán
dirigió la denominada "Operación Limpieza" en la ciudad de Masaya, al
suroeste de Managua, uno de los focos de resistencia durante las
protestas callejeras contra el Gobierno.
Washington
señala al jefe policial de cometer actos significativos de violencia,
violación de derechos humanos, aplicar medidas represivas, realizar
arrestos arbitrarios, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones de
manifestantes antigubernamentales.
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