SANTIAGO.- El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago de Chile ha admitido a trámite una querella contra el presidente, Sebastián Piñera, por las violaciones de los Derechos Humanos y Crímenes de Lesa Humanidad cometidos en el marco de las protestas contra el Gobierno por la desigualdad social.
El abogado Óscar Castro ha explicado que “lo que se busca es deslindar responsabilidades en los delitos de violación a los Derechos Humanos en las autoridades“. “Nosotros evaluamos que la última autoridad responsable es el presidente de la República”, ha indicado.
Castro ha subrayado, no obstante, que “puede haber otras autoridades
civiles y naturalmente autoridades militares que también pueden llegar a
tener responsabilidad” por estos hechos.
Al tratarse de un jefe de Estado, la querella solicita que se designe un fiscal solo para Piñera, así como investigar posibles responsabilidades penales de otras autoridades.
Al menos 19 personas han muerto y más de mil han sido detenidas
por los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en
el marco de las protestas que estallaron el 17 de octubre por la cuarta
subida del precio del metro en pocos meses, aunque rápidamente crecieron
hasta denunciar la desigualdad social y reclamar una nueva
Constitución.
En un primer momento, Piñera declaró el estado de emergencia, que llevó a un despliegue militares, pero lo acabó derogando por la polémica presencia de los uniformados en las calles.
Piñera ha remodelado el Gobierno y ha ideado una “agenda social” para dar respuesta a las demandas de los chilenos.
Ya ha impulsado medidas para congelar el precio de los suministros y
subir el salario mínimo. También está dispuesto a una reforma
constitucional.
La violencia vuelve a apoderarse de las protestas
La violencia y los desmanes protagonizaron las protestas de este miércoles en Chile, jornada en la que cientos de los indignados más radicales ampliaron su radio de acción hacia zonas más acomodadas de la capital del país y vandalizaron bancos, comercios y mobiliario público.
Las manifestaciones pacíficas, más tibias en los últimas jornadas,
han quedado últimamente ocultadas por las expresiones de violencia de
los grupos de personas que se convocan a siniestrar la ciudad.
El punto central de la convocatoria en esta jornada fue la comuna de Providencia, en el sector nororiente de la ciudad de Santiago, un barrio comercial de clase media y media alta, siendo el vandalismo y la violencia la nota predominante.
Los comerciantes de la zona habían tomado precauciones desde la
mañana, protegiendo sus establecimientos con paneles de madera y
aluminio ante potenciales disturbios, lo que no evitó que algunas
sucursales bancarias, restaurantes de comida rápida, comercios y
farmacias sufrieran daños. También hubo barricadas callejeras con fuego y las paradas de metro aledaños se cerraron.
La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, dijo que “nunca antes” se había visto en la comuna “un nivel de violencia y destrucción” como este. “¡¡¡Nada justifica este nivel de violencia!!!”, enfatizó a través de su cuenta de Twitter.
Los manifestantes se autoconvocaron también por redes sociales en el centro comercial Costanera Center, en las faldas de la Gran Torre Santiago,
el edificio más alto de Iberoamérica. También fue atacada la sede del
partido político Unión Demócrata Independiente (UDI), que forma parte de
la coalición oficialista Chile Vamos, situada en esa misma zona de la
ciudad.
Además, y con el lema de “Llegó la hora de marchar al oriente“, mostraron su intención de marchar hacia la zona más pudiente de la ciudad, como los barrios de Las Condes o Vitacura.
Los cientos de personas que se concentraron en las puertas del centro
comercial, que había cerrado por cautela, fueron dispersados con el
lanzamiento de agua y gas lacrimógeno por las fuerzas del orden.
El que hasta ahora era el punto central de las protestas en Chile, la Plaza Italia,
congregó a menos personas que otras veces, y el enfrentamientos con las
fuerzas del orden fue lo dominante.
En otras zonas de la ciudad, como
la comuna de Renca, un grupo de manifestantes atacó una
Comisaría de carabineros con piedras y bombas molotov, resultando
heridos al menos cinco agente. También hubo saqueos e incendios en la
ciudad de Concepción (sur), otro de los puntos más calientes de este estallido social.
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