ROMA.- La
Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) está
promoviendo que más países reconozcan el derecho a la alimentación en
su normativa, después de que 30 Estados lo hayan incorporado de forma
explícita en sus constituciones.
En
2004, los miembros de la FAO aprobaron las directrices para apoyar la
realización del derecho a la alimentación, unas normas de referencia que
son voluntarias, aunque las obligaciones emanen del pacto internacional
de derechos económicos, sociales y culturales de 1966, explicó a Efe el
especialista de la agencia Juan Carlos García Cebolla.
El
experto destacó que, en estos quince años, las directrices han empujado
a los gobiernos a expandir sus políticas y dialogar con otros actores.
“Países
de contextos y regiones diferentes han ido incorporando algunos de los
elementos de esas normas, no necesariamente todos, y manejándose para
resolver las dificultades” que se presentan, señaló.
Una
reciente publicación de esa agencia recopila decenas de ejemplos en los
que se han tomado medidas para incluir el derecho a una alimentación
adecuada en la constitución, aprobar leyes sobre ese mismo derecho y
avanzar en el diseño de políticas que integren algunos de los
principales elementos de las directrices.
Hasta
la fecha, 30 países han reconocido explícitamente el derecho a una
alimentación adecuada en sus constituciones, aunque no se dispone del
número total de naciones que han adoptado las directrices de alguna
manera.
A
juicio de García Cebolla, al frente del equipo del derecho a la
alimentación en la FAO, las directrices rompieron con las ideas
uniformes del llamado Consenso de Washington, un conjunto de
recomendaciones de corte neoliberal que el economista estadounidense
John Williamson definió en 1989 y que se dirigía a los países pobres.
“Las
directrices reconocen que cada país necesita encontrar una solución
adaptada a su contexto y ofrecen un menú muy amplio de políticas,
entrando en áreas que hasta ese momento los países se resistían a ligar a
la seguridad alimentaria como la protección social”, dijo el
especialista.
García
Cebolla puso el ejemplo de los países de América Latina, “que vieron
que había que expandir las políticas, algo que no podían hacer ellos
solos”, por lo que optaron por generar más consensos para que éstas
fueran sostenibles e implicar a más actores como la sociedad civil.
En
esa región fueron creados la Iniciativa de América Latina y el Caribe
sin hambre 2025 y los frentes de parlamentarios, promotores de más de 50
iniciativas legislativas que han dado lugar a la aprobación de 23 leyes
y tres enmiendas constitucionales destinadas a erradicar el hambre.
Según
el experto, las directrices sobre el derecho a la alimentación también
“anticiparon mucho de la Agenda 2030”, elaborada por la comunidad
internacional en 2015 para un desarrollo sostenible, pues incluyen
principios de derechos humanos y recogen la importancia de empoderar a
la sociedad para lograr cambios.
A
nivel mundial, García Cebolla también se refirió a aquellos países
ricos que no sintieron la necesidad de reconocer el derecho a la
alimentación, que ya estaba dentro de sus estándares de vida, y ahora
están debatiendo que “el acceso a una dieta adecuada no va a ocurrir si
no está explícito en las políticas y marcos legales para que todos lo
vean”.
“La
nueva pobreza y la vulnerabilidad van a tener que ver con la
degradación del medioambiente, el cambio climático y la incidencia del
sobrepeso. Eso llevará a una nueva marginalidad que tocará a gente de
sectores sociales muy distintos que puede pensar que está protegida por
su nivel económico”, sostuvo.
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