SANTIAGO.- La capital chilena y otras ciudades del país buscaban el martes
recuperar cierta normalidad tras varios días de intensas protestas, que
han dejado 15 muertos y más de 2.600 detenidos a nivel nacional, aunque
las calles del centro aún estaban plagadas de escombros y restos de
barricadas humeantes.
Grupos de estudiantes voluntarios ayudaban a recoger trozos de
concreto y vidrios tras las manifestaciones recientes, que han comenzado
usualmente como actividades pacíficas, pero han derivado en desmanes y
saqueos propiciados por encapuchados.
Las calles estaban ocupadas
además por transeúntes que buscaban la forma de llegar a sus trabajos
pese al limitado transporte público, que fue blanco de los destrozos
cuando se inició la revuelta por un alza en el precio del tren
subterráneo de Santiago.
“Por una parte estamos de acuerdo
con todo esto, nosotros ganamos poca plata, apenas nos alcanza para
pagar el pasaje. Lo que no apoyo son los desórdenes, los saqueos. Eso no
debería estar pasando”, dijo Roxana Yañez de 56 años, a quien luchaba
por llegar a su trabajo.
Largas filas en los contados
supermercados operativos y en cajeros automáticos para buscar efectivo
seguían marcando las primeras horas de la jornada.
El
subsecretario de Interior, Rodrigo Ubilla, dijo que la Fiscalía
investiga las muertes de personas baleadas y que hay casi dos centenares
de heridos entre civiles y uniformados.
En tanto,
los trabajadores de Escondida, la mayor mina de cobre del mundo y
controlada por BHP, iniciaron una paralización de cinco horas en apoyo a
las protestas, dijo a Reuters el jefe del gremio, Patricio Tapia.
Respecto
a las eventuales pérdidas de producción, el dirigente explicó que “en
el trabajo de todos los días la vamos a recuperar”.
El aeropuerto
de Santiago, que sufrió centenares de cancelaciones de vuelos y
retrasos, retomaba lentamente la normalidad de sus operaciones.
Las
protestas se iniciaron con convocatorias de estudiantes a través de
redes sociales para evadir el pago del pasaje del metro, el más moderno
de América Latina. Sin embargo, durante el estallido social se sumaron
demandas de larga data sobre inequidad en el acceso a la educación, a la
salud y pensiones insuficientes, entre otros.
Los saqueos
masivos y la destrucción de mobiliario urbano llevaron a las autoridades
a declarar estado de emergencia y toque de queda en la capital, una
medida no vista en Chile desde el fin de la dictadura de Augusto
Pinochet. Los militares custodiaban la capital y otras ciudades.
Ante
una serie de videos divulgados en redes sociales denunciando abusos por
parte de las fuerzas militares, el general designado para la seguridad
de la capital, Javier Iturriaga, dijo que cooperarán en esclarecer las
posibles faltas.
“Sé que hay videos circulando donde mucha gente trata de exacerbar y
acusarnos de una violencia desmedida (...). Estamos investigando todas
las situaciones, aquí no vamos a ocultar nada”, comentó a periodistas.
El
general dijo que la noche del lunes se observó una disminución de
hechos violentos y vandálicos. El estallido social ocurre semanas antes
de que Chile sea sede de la cumbre de líderes de Asia-Pacífico (APEC),
así como a dos meses de la cumbre sobre cambio climático de la ONU
COP25.
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