BRASILIA.- El Gobierno del ultraderechista Jair
Bolsonaro dio este martes un primer gran paso en sus planes para ordenar
la maltrecha economía del país, con la aprobación en el Senado de una
polémica reforma del sistema de jubilaciones.
El
proyecto, aprobado definitivamente en una segunda votación en el Senado
por una amplia mayoría de 60 votos a favor y 19 en contra, es hasta
ahora la única propuesta de calado presentada por el líder de la
ultraderecha brasileña para intentar enderezar una economía que aún no
supera la aguda crisis que sufrió entre 2015 y 2016.
Pese a las polémicas que generó la propuesta, resistida
con uñas y dientes por sindicatos y la hoy minoritaria oposición
progresista, el proyecto fue aprobado con holgura en un Parlamento de un
talante claramente liberal, alineado con las ideas económicas de
Bolsonaro.
La reforma plantea una meta de ahorro que
se calcula cercana a 870.000 millones de reales (unos 217.500 millones
de dólares) en un plazo de diez años, con lo que el Gobierno pretende
poner fin a un crónico déficit fiscal en el que identifica muchas de las
trabas que impiden el definitivo despegue de la economía nacional.
Para alcanzar esa meta, la reforma establece una edad mínima para el
acceso a la jubilación, que hasta ahora no era un requisito en Brasil, y
que pasará a ser de 62 años para las mujeres y de 65 para los hombres.
También impone un tiempo mínimo de contribución a la seguridad social
de 15 años para las mujeres y de 20 años para los hombres que aspiren a
la jubilación, entre muchas otras normas que la izquierda ha denunciado
como una "eliminación de derechos" que los brasileños habían adquirido a
lo largo de décadas.
La propuesta original apuntaba a
un ahorro fiscal de al menos un billón de reales (unos 250.000 millones
de dólares), pero diversas alteraciones impuestas durante el trámite
parlamentario redujeron esa cifra, aunque el Gobierno considera, de
todos modos, que se trata de una reforma fundamental para ordenar las
cuentas públicas.
Uno de los puntos centrales de la
propuesta inicial del Gobierno, que apuntalaba esa ambiciosa meta, fue
sin embargo rechazado durante el trámite en la Cámara baja y también en
el Senado.
Se trata de la creación de un sistema de
capitalización, similar al chileno y mediante el cual la jubilación
pasaría a depender de lo que cada trabajador pudiera ahorrar a lo largo
de su vida.
El artículo que establecía esa alteración
fue rechazado en ambas cámaras legislativas, debido a la escasa
capacidad de ahorro que existe en Brasil, sobre todo en las capas más
pobres de la sociedad.
Aunque el Gobierno ya ha
anunciado que insistirá con un nuevo proyecto en el régimen de
capitalización, con la reforma aprobada continuará en vigor el actual
sistema de reparto, en el que todas las contribuciones son volcadas a un
fondo único gestionado por el Estado.
Asimismo,
durante el trámite parlamentario fue retirado del proyecto original un
artículo que hacía extensiva la reforma a los regímenes de jubilaciones
diferenciados que existen en municipios y la administración pública a
nivel regional.
Aún con esos reveses, esta reforma es
la gran apuesta del Gobierno para intentar recomponer una economía cuyo
producto interno bruto (PIB) perdió 7 puntos porcentuales entre 2015 y
2016, se expandió un insuficiente 1 % anual en 2017 y en 2018 y que este
año crecerá en torno a un 0,8 %, según las últimas proyecciones.
Los mercados financieros comparten esa visión y, desde que el proyecto
comenzó a tramitar en el Parlamento, en febrero pasado, su avance
repercutió en la Bolsa de Valores de Sao Paulo, que alcanzó un récord
atrás de otro durante los últimos meses.
Este martes,
aunque cerró antes de la conclusión del trámite en el Senado, la bolsa
paulista estableció una nueva marca histórica por la inminente
aprobación de la reforma y se anotó un alza del 1,28 %, con un récord de
107.381 puntos en su índice Ibovespa.
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