LONDRES.- El Tribunal Supremo del Reino Unido falló este martes, con un veredicto unánime, en contra del primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, al considerar "ilegal" la suspensión del Parlamento durante cinco semanas.
En
un fallo histórico, la presidenta del Supremo, Brenda Hale, afirmó que
la suspensión de las cámaras, adoptada por el líder "tory" el pasado
agosto, fue "nula" y queda "sin efecto".
Los
once jueces de la máxima instancia judicial de este país tenían que
examinar dos recursos diferentes: el de la Corte de Apelación de
Escocia, que consideró ilegal la medida adoptada por el jefe de
Gobierno, y la del Tribunal Superior de Londres, que determinó que la
cuestión era competencia política.
El panel de magistrados valoró que el asesoramiento de Johnson a la reina Isabel II, jefa de Estado, para proceder al cierre parlamentario -del 9 de septiembre hasta el 14 de octubre, poco antes del "brexit"- no se ajustó a la legalidad pues perseguía "frustrar o impedir" que el Parlamento desempeñara sus "funciones constitucionales".
"Este
tribunal concluye que la decisión de aconsejar a Su Majestad que
suspendiera el Parlamento fue ilegal porque tenía el efecto de frustrar o
impedir la capacidad del Parlamento de llevar a cabo sus funciones
constitucionales sin una justificación razonable", afirmó Hale.
Las
dos cámaras de Westminster quedaron clausuradas al término de las
sesiones del pasado 9 de septiembre hasta el 14 de octubre, cuando
estaba previsto que la reina Isabel II inaugurase un nuevo curso parlamentario al leer la nueva agenda del Gobierno de Johnson.
El presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, pidió hoy que las sesiones del Parlamento sean reanudadas "sin retraso".
El
presidente de la cámara baja comunicó a los medios que consultará a los
líderes de las formaciones políticas los pasos a seguir "con la mayor urgencia posible".
"Doy
la bienvenida al fallo del Tribunal Supremo de que la suspensión del
Parlamento fue ilegal. Los jueces han rechazado la afirmación del
Gobierno de que cerrar el Parlamento durante cinco semanas era
simplemente una práctica normal a fin de permitir un nuevo discurso de
la Reina (programa del Ejecutivo)", añadió.
El líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn,
pidió este martes a Boris Johnson que "reconsidere su posición" al
frente del Gobierno, después de que el Tribunal Supremo declarara
"ilegal" su suspensión del Parlamento.
En
una intervención especial durante el congreso laborista en Brighton
(sur inglés), Corbyn adelantó que pedirá al presidente de la Cámara de
los Comunes que disponga cuanto antes la reanudación de las sesiones
parlamentarias.
La cercanía con la fecha pactada para la ejecución del "brexit", el 31 de octubre, generó una oleada de críticas contra Johnson,
que justificó la medida con el argumento de que precisaba de ese tiempo
para poder elaborar la nueva agenda legislativa de su Ejecutivo.
Al
leer su dictamen, la presidenta del Supremo subrayó que esta suspensión
prolongada de la democracia parlamentaria se produjo en unas
circunstancias bastante excepcionales: el cambio fundamental que iba a
producirse en la Constitución del Reino Unido el 31 de octubre, fecha
prevista para la salida de la Unión Europea (UE).
"El
Parlamento, y en particular la Cámara de los Comunes como
representantes electos de los ciudadanos, tienen el derecho a tener voz
en cómo se produce ese cambio. El efecto sobre los fundamentos de
nuestra democracia fue extremo", remarcó con dureza la jueza.
Durante
este proceso judicial, los demandantes reprocharon a Johnson que obrara
siguiendo una estrategia con la que impedir al Parlamento bloquear sus
planes sobre una retirada sin acuerdo de la UE.
En el proceso presentado por la activista anti "brexit" Gina Miller,
secundado por el ex primer ministro conservador John Major, se alegó
que la duración excepcional del periodo de suspensión era, en este caso,
una "clara prueba de que el motivo del primer ministro era silenciar al
Parlamento" al verlo como un "obstáculo" para avanzar hacia sus
objetivos políticos.
Frente a esta querella (presentada ante el Tribunal Superior
y recurrida ante el Supremo por Miller), la defensa de Johnson mantuvo
que la suspensión de las cámaras es una prerrogativa y que la clausura
de las cámaras era una decisión "inherente y fundamentalmente política
por naturaleza" sobre las que no debería interferir la Justicia.
En
cuanto al segundo caso, en Escocia, un grupo de 75 parlamentarios,
encabezados por la diputada del Partido Nacionalista Escocés (SNP)
Joanna Cherry, alegó que la suspensión parlamentaria respondió a
"motivos espúreos" destinados a evitar el escrutinio de las cámaras.
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