El Banco de España cuestiona la utilidad de las actuales reglas fiscales europeas

MADRID/LUXEMBURGO.- El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha asegurado este lunes que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el único instrumento de coordinación de la política fiscal que tiene actualmente la Unión Monetaria Europea (UEM), "no ha resistido muy bien el paso del tiempo".

"Nuestras reglas fiscales se han demostrado difíciles de cumplir en la manera oportuna, sobre todo por su complejidad, y no han sido capaces de evitar políticas fiscales procíclicas a nivel nacional", ha afirmado Hernández de Cos durante la inauguración de la Tercera Conferencia de Investigación del Banco de España.

De acuerdo con el gobernador, la última década ha demostrado que la falta de una herramienta macroeconómica común para la zona del euro ha supuesto una importante limitación para el funcionamiento de la unión económica.

Para combatir las debilidades institucionales que arrastra la UEM, ha abogado por la creación de algún tipo de "activo seguro común" que "bien diseñado" podría servir para incrementar la efectividad de la política monetaria y para poder completar la unión bancaria y de los mercados de capital.

El gobernador no se ha decantado por una fórmula concreta, aunque ha recordado que la literatura al respecto ha propuesto desde un bono respaldado por los bonos soberanos nacionales, hasta un eurobono emitido por una institución europea y respaldado por los préstamos a la zona del euro.

No obstante, ha asegurado que a corto plazo contar con algún tipo de agencia europea de inversión capaz de emitir bonos podría servir para contar con una postura fiscal común y mejorar la efectividad de la política monetaria.

Para el gobernador, reforzar la unión monetaria es clave en un entorno de deterioro macroeconómico global, cuando todavía se está afrontando el legado de la crisis anterior, que dejó unas elevadas tasas de paro y unos niveles persistentes de endeudamiento.

Apple se resiste a pagar factura fiscal de 13.000 millones en Irlanda

Apple iniciará este martes una disputa legal contra una orden de la Comisión Europea que la obliga a pagar 13.000 millones de euros en impuestos atrasados en Irlanda, en un caso emblemático de la lucha del bloque contra la evasión tributaria de grandes multinacionales. 
El fabricante del iPhone enviará una delegación de seis personas, liderada por el director financiero Luca Maestri, a una vista de dos días en el Tribunal General de la Unión Europea, en Luxemburgo.
En agosto de 2016, la Comisión dijo que decisiones tributarias de Irlanda en 1991 y en 2007 redujeron artificialmente la carga tributaria de Apple durante más de dos décadas, lo que en la práctica representa una ayuda estatal ilegal.
La comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, citó la tasa tributaria de 0,005% que pagó la principal unidad de Apple en Irlanda en 2014 como un ejemplo de los pagos inusualmente bajos de la compañía.
Apple argumentará que no hizo nada mal, debido a que siguió las normas tributarias de Irlanda y Estados Unidos. La compañía planteó razonamientos similares en un blog luego de una decisión tributaria de la UE hace unos años.
La firma dirá al tribunal que el grueso de sus impuestos se paga en Estados Unidos debido a que la mayor parte del valor de sus productos -incluido diseño, ingeniería y desarrollo- se crea en ese país.
Irlanda, que ha acusado a la Comisión de exceder sus poderes e interferir con la soberanía nacional de un miembro de la UE sobre asuntos tributarios, también apelará la decisión del bloque.
El régimen fiscal irlandés es muy atractivo para las multinacionales, que emplean a cerca de un 10% de la fuerza laboral del país.
Luxemburgo apoya a Irlanda, mientras que Polonia respalda a la Comisión. Vestager también se ha concentrado en acuerdos ventajosos ofrecidos por Holanda a Starbucks, Luxemburgo a Amazon, Fiat y Engie, así como en el esquema tributario británico para las multinacionales.
La campaña del ejecutivo de la UE contra la evasión fiscal sufrió un revés en febrero de este año, cuando el Tribunal General desestimó su falló contra un beneficio tributario que Bélgica extendió a BP, BASF y más de 30 multinacionales, afirmando que no era un régimen de ayuda.
La Comisión, sin embargo, relanzó ese caso el lunes.