Francia concierta su tasa digital con España y otros países europeos

PARÍS.- Francia pondrá en marcha desde este año un impuesto nacional a los gigantes de internet ante el bloqueo que constata en la Unión Europea para una tasa común y, para hacerlo, se está concertando con España y otros países europeos.

"Pondremos en marcha un impuesto nacional", reafirmó hoy el ministro francés de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, que se dio "varias semanas" para fijar los últimos detalles y formalizar esta propuesta, con la que se gravará "la totalidad de la facturación en 2019" de las empresas concernidas.

Preguntado en un encuentro con la prensa sobre si trabaja con otros Gobiernos europeos favorables, respondió que se está coordinando con otros países que también quieren crear su tasa digital, entre los que citó a España, Italia, el Reino Unido y Austria.

"He trabajado muy bien con mi colega española", afirmó en referencia a su homóloga Nadia Calviño.

También explicó que la cuestión de la imposición de los gigantes de internet se abordará en la entrevista que esta tarde tiene programada con el presidente del Eurogrupo, el portugués Mario Centeno.

Le Maire recordó que cuatro de los otros 27 países comunitarios bloquean la creación a escala europea de esa tasa, sobre la que se buscará un compromiso de aquí a marzo.

Su objetivo es que los gigantes de internet (se aplicaría a los grupos que facturan más de 750 millones de euros anuales) paguen un tipo impositivo similar al de otras empresas y no muy inferior con la localización contable de sus beneficios en las jurisdicciones más favorables fiscalmente.

El ministro francés repitió que está en favor de que las decisiones sobre fiscalidad en la UE se tomen por mayoría y que no necesiten la unanimidad como ocurre hasta ahora.

Le Maire avanzó que durante su Presidencia del G7 en 2019, Francia va a continuar "esta batalla justa contra los gigantes digitales" y que para eso lucharán por establecer "una imposición mínima" a las empresas y por combatir la evasión fiscal.

Esa imposición mínima permitiría a un Estado reclamar a una compañía impuestos cuando los que paga en la jurisdicción donde domicilia sus beneficios no llegan a ese umbral.