Al aire de los cargos formulados por la Corte Penal Internacional
contra el régimen chavista – resumidos en el de uso desproporcionado de
la fuerza, Abusos y Torturas, la ONU acusa al Gobierno venezolano de
Crímenes contra la Humanidad; el llamado Grupo de Lima (Colombia,
Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Uruguay, Panamá, Perú, Costa Rica,
Honduras, Guatemala, Guyana y Santa Lucía).
Todo ello ha venido a tejer
una red de presión política internacional, tanto en las Américas como en
la Comunidad Europea, en la que España deja sentir el peso histórico y
político que, por razones obvias, le corresponde.
Dentro de ese contexto político internacional, de presión tan
ampliamente compartida contra la deriva totalitaria del régimen chavista
-que ha llevado a la miseria económica, la degradación social y el
abuso totalitario sobre el pueblo venezolano- se ha venido a producir,
dentro de los resquicios de institucionalidad constitucional
subsistentes, el desafío de Juan Guaidó antes de jurar como presidente
del Parlamento como institución genuina de la representatividad
democrática venezolana.
O sea, como el reducto burlado por el “hijo de
Chavez”, barrido políticamente en las últimas urnas libres de Venezuela y
fugado del referéndum revocatorio mediante la creación de una Cámara
Nueva -la Constituyente- de la que se quiso servir, como una crisálida,
para seguir en el Poder.
Cabe decir que nunca como ahora se sentaron las condiciones más
propicias para la caída del régimen bolivariano. Y con ello, también, de
de la dictadura nicaragüense del matrimonio Ortega. Ambos desenlaces
auspiciados y promovidos por la OEA (Organización de Estados
Americanos). Es tanto la probabilidad y casi certeza de que en la
América hispana solo quedaría en el corto y medio plazo la dictadura
comunista cubana.
(*) Abogado y periodista español
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