MADRID.- Es el encargado de vigilar el ‘fair play’ de las empresas, de
controlar que no haya pactos contra la competencia y de velar por que la
regulación de los mercados y los sectores cumpla con la defensa de los
derechos de los consumidores y ciudadanos. Ha sancionado pactos de
precios o de reparto del mercado en casi todos los sectores importantes
de la economía: ahí están las multas de 100 millones a las constructoras
del ‘cártel de la basura’, 32 millones a las petroleras, 88 millones a
las empresas lácteas o 45 millones a los concesionarios del automóvil,
por ejemplo.
También las operadoras de telecomunicaciones o las empresas
energéticas han recibido sanciones millonarias. Y, aunque los
tribunales han recortado o anulado varias de esas multas posteriormente,
José María Marín Quemada, presidente de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia (CNMC), se ha convertido en el azote de los
’extraños’ acuerdos que se alcanzan entre las compañías. Ahora, ha
levantado la voz contra otro de los oscuros laberintos en los que se
cuecen las leyes españolas: la influencia de los lobbies en los poderes
públicos.
"Si de verdad queremos fortalecer el entramado institucional de
nuestro país tenemos que plantearnos la regulación de la actividad de
los lobbies, garantizando que ésta se desarrolla con plena
transparencia", demandó Marín Quemada la semana pasada en una
intervención pública en Santander. "Los reguladores tienen la obligación
de escuchar y convivir con el sector, pero no deberían poder hacerlo a
puerta cerrada y de forma confusa. Y así como la opinión pública tiene
derecho a conocer estos contactos, que deben ser vistos como algo
necesario y útil, también debe saber si los líderes de opinión trabajan a
instancias de parte, y de qué parte", reclamó el presidente de
Competencia.
Que hay reuniones de los lobbies o de personas relevantes con los
ministros o los diputados todo el mundo lo sabe, pero no existe un
registro público de las reuniones ni de los temas que se tratan. Fresca
está en la memoria el escándalo por la visita del imputado Rodrigo Rato
al ministro de Interior cuando las investigaciones sobre el origen de su
patrimonio todavía no han concluido. Y no debe ser casualidad que haya
quedado otra vez fuera del calendario legislativo la Ley de Colegios
Profesionales.
El regulador está obligado a intercambiar información con el sector
que va a regular y a conocer los diferentes intereses y puntos de vista.
El problema no es ese, sino la falta de transparencia y de igualdad de
acceso de todos los ciudadanos y grupos a los representantes públicos.
La opacidad es lo que permite que una legítima defensa de los intereses
pueda convertirse en un tráfico de influencias. Los lobbies españoles
son de los menos transparentes de Europa, según un informe de
Transparencia Internacional. España está a la cola, sólo por delante de
Chipre, Italia y Hungría.
A falta de datos en nuestro país, sólo podemos conocer cuáles son los
lobbies más activos por el registro conjunto de la Comisión Europea y
el Parlamento de la UE, donde aparecen 480 organizaciones españolas, que
van desde equipos de fútbol a sindicatos, despachos de abogados y, por
supuesto, empresas. Hay 71 empresas españolas que declaran haber
realizado labor de lobby ante la Comisión y el Parlamento europeos y
haberse gastado en esa actividad unos 14 millones de euros (las cifras
son las declaradas por cada empresa sin que exista una verificación
oficial de las mismas por parte de Bruselas). El gasto es muy dispar
según las compañías.
Telefónica es una de las empresas que más dinero declara haber
gastado en defender sus propios intereses, con dos millones de euros. El
sector de la banca, inmerso en un proceso regulatorio a nivel europeo,
fue de los más activos, con Santander y BBVA a la cabeza (más de 600.000
euros el primero y más de medio millón el segundo). También Caixabank
gastó algo menos de 300.000 euros y el Popular, 100.000. Sabadell
declara cero euros de gasto en lobby.
El sector energético depende igualmente de la regulación y el
ejercicio de su influencia supuso para Cepsa un desembolso de 1.248.000
euros; entre 500.000 y 599.999 euros para Iberdrola; menos de 200.000
euros para Enagás y menos de 99.999 euros para Endesa. Gas Natural
declara entre 25.000 y 49.999 euros de gasto.
Cooperativa Mondragón se registró también como lobby -única manera de
poder mantener reuniones con miembros de la Comisión-, aunque declaró
haber gastado menos de 10.000 euros en 2014. En la lista también figura
Let’s Gowex, la empresa española de Internet que quebró tras reconocer
su consejero delegado que había falseado las cuentas; menos de 10.000
euros para influir en Bruselas dijo haber gastado.
Indra, embarcada actualmente en un plan de reestructuración y que
aparece en el sumario de la 'operación Púnica', declaró en el registro
de Bruselas haber dedicado entre 100.000 y 199.999 euros a ejercer
labores de lobby ante las autoridades europeas.
En España no hay registro de lobbies ni las reuniones son públicas;
en Cataluña está previsto que a partir del 1 de octubre se ponga en
funcionamiento el registro de grupos de interés y en la Comunidad de
Madrid, el registro de lobbies es uno de los compromisos de Cifuentes
con Ciudadanos.
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