LONDRES.- Una comisión del Parlamento británico ha concluido que la ley con la que el primer ministro, Rishi Sunak, quiere comenzar a deportar a solicitantes de asilo a Ruanda es "en esencia incompatible" con las regulaciones que existen en Reino Unido en materia de Derechos Humanos, en el inicio de una semana clave para la tramitación de este proyecto.
La Comisión Conjunta sobre Derechos Humanos, en la que están integrados representantes de distintos partidos --incluidos 'tories'--, han examinado el texto y han subrayado que, por ejemplo, niega a los migrantes el derecho a que un tribunal independiente pueda evaluar su caso antes de ser expulsados.
Asimismo, han señalado que el principio según el cual un individuo debe ser protegido de posibles situaciones de "persecución, tortura, tratos inhumanos o degradantes o muerte" es un aspecto clave de los compromisos que Reino Unido lleva respetando siete décadas.
En este sentido, creen que independientemente de los compromisos que puedan suscribir los gobiernos de Reino Unido y de Ruanda para determinar que este segundo país es seguro, deberían ser los tribunales y no los legisladores quienes evalúen las condiciones reales del destino.
El Ministerio del Interior ha insistido en cambio en que "Ruanda claramente es un país seguro que se preocupa por los refugiados". Un portavoz de este departamento considera por tanto que la ley actualmente a debate y el tratado bilateral suscrito el año pasado entre los dos países son "la mejor manera de conseguir que los vuelos a Ruanda despeguen cuanto antes", informa la BBC.
La iniciativa, que ha suscitado un agrio debate en el seno del Partido Conservador --los miembros del ala más dura creen que la ley no está blindada frente a futuros litigios judiciales--, será debatida esta semana en la Cámara de los Lores. El Tribunal Supremo ya tumbó en 2023 un intento previo de poner en marcha las deportaciones alegando que Ruanda no era un país seguro.
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