BUENOS AIRES.-Argentina vivió este miércoles su primera huelga general desde 2019, una movilización que llega como protesta ante las reformas del Gobierno del ultraliberal Javier Milei. La huelga, convocada por la Confederación General de Trabajo (CGT) y secundada por partidos políticos y organizaciones sociales y de derechos humanos, ha empezado a las 12:00 horas (16:00 hora peninsular española) y termina a medianoche (04:00 hora peninsular del jueves).
El transporte público porteño ha funcionado hasta las 19.00 horas, lo que da una apariencia de normalidad en las calles de la capital. Sin embargo, decenas de miles de personas llevan concentradas desde primera hora de la mañana en los alrededores de la Plaza del Congreso, epicentro de la movilización.
Las cifras de asistentes bailan. Concretamente, oscilan entre 40.000 y 600.000 personas, según las fuentes consultadas.
El Ejecutivo argentino cifra en 40.000 personas las que han participado en la marcha hacia la Plaza del Congreso. Mientras la Policía de la Ciudad de Buenos Aires cifra en 130.000 los asistentes, la central sindical calcula en 600.000 las personas que acudieron a la convocatoria, tanto en la Plaza del Congreso como en calles aledañas, y eleva a 1,5 millones el seguimiento en todo el país, según han explicado.
El sector cultural ha parado masivamente. En la avenida Corrientes -uno de los puntos más simbólicos de la vida cultural de Buenos Aires por antonomasia-, las persianas de la mayoría de las librerías están bajadas, los neones de los teatros apagados y el bullicio del gentío era menor que de costumbre.
La Cámara Argentina de Librerías Independientes (CALI) ha convocado a los negocios de todo el país a adherirse al paro y protestar contra el Gobierno, que pretende derogar la Ley del Libro y reducir la financiación de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip).
La cultura, con el mundo del cine a la cabeza, ha sido uno de los sectores protagonistas de las caceroladas contra el Gobierno en las últimas semanas.
La huelga ha llegado más allá de las fronteras bonaerenses e incluso argentinas. Brasilia, Londres, Montevideo, Madrid, Roma son algunos de los ejemplos donde centenares de argentinos y extranjeros se han manifestado frente a la embajada argentina como muestra de solidaridad.
El secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Daer, ha dicho que los sindicatos y organizaciones sociales seguirán luchando en Argentina hasta que caigan las iniciativas reformistas del ultraliberal Javier Milei.
"La patria no se vende", ha afirmado Daer durante el discurso ofrecido en la Plaza del Congreso, al tiempo que ha advertido: "No vamos a dar ni un paso atrás".
El ministro de Economía del país, Luis Caputo, ha respondido afirmando que las partidas económicas para las provincias se recortarán si las medidas propuestas por el Ejecutivo son rechazadas por los legisladores del país suramericano.
"No es una amenaza, es la confirmación (de) que vamos a cumplir con el mandato que nos han dado la mayoría de los argentinos de equilibrar las cuentas fiscales para terminar con décadas de inflación y flagelo económico", ha sentenciado Caputo en un mensaje publicado en su perfil oficial de X.
El Ejecutivo de Milei ha tachado ya esta media jornada de huelga general de "un gran sinsentido, una complicación y una pérdida de dinero contra muchos argentinos".
"Va en contra de lo que quiere la mayoría: vivir en paz en un país donde se empiecen a hacer las cosas bien, entendiendo que es un momento sumamente complicado", ha asegurado en su conferencia de prensa diaria desde la Casa Rosada (sede del Gobierno) el portavoz presidencial, Manuel Adorni.
El portavoz ha acusado a los convocantes de "intentar complicar la vida al resto de los argentinos".
"No dejan de ser un grupo minoritario", ha sentenciado Adorni.
La protesta se centra en el decreto de necesidad y urgencia (DNU), puesto en vigor el 29 de diciembre para desregular la economía y aun bajo amparo judicial en varios puntos, y en el proyecto de ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, todavía en trámite legislativo.
Más conocida como la 'ley ómnibus', dicho proyecto busca dar facultades legislativas al Ejecutivo en virtud de una emergencia pública por la actual situación socioeconómica del país por un año, con prórroga hasta dos más.
Para evitar posibles enfrentamientos debido al protocolo antipiquetes, los líderes sindicales han acordonado las calles a utilizar durante la movilización con las autoridades, así como rutas de circulación preestablecidas para los vehículos de emergencia.
La Justicia argentina ha exhortado este martes al Ministerio de Seguridad a que se “abstenga” de llevar a cabo filmaciones o requisas sin orden judicial durante la huelga general.
“Exhortando a las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación que se abstenga de expedir órdenes a las fuerzas de seguridad que impliquen, el miércoles 24 de enero, filmar y/o interceptar a personas en la vía pública con el fin de identificarlas y/o requisarlas sin orden judicial previa”, ha indicado el juez federal, Ernesto Kreplack, en una resolución judicial.
El magistrado ha dado lugar a un habeas corpus presentado por un grupo de militantes, que han asegurado haber sido “víctimas de filmaciones y requisas” sin órdenes judiciales durante las movilizaciones del 20 y 23 de diciembre pasado.
La medida hace hincapié en casos de manifestantes “a bordo de transportes públicos o en los accesos a las unidades de trenes”.
El Gobierno del peronista Alberto Fernández (2019-2023) no vivió ningún paro general de la CGT. El último, de hecho, se remonta al 29 de mayo de 2019 y fue el quinto contra el Ejecutivo del centroderechista Mauricio Macri (2015-2019).
El Gobierno, que descontará el salario de la jornada a los empleados públicos que hagan huelga, ha abierto un número de teléfono, el 134, para recibir denuncias de quienes recibiesen amenazas o presiones para participar en el parón.
Según el Ejecutivo, la línea ha recibido más de 3.000 llamadas con datos que permitirán tramitar la denuncia ante la Justicia.
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