WASHINGTON.- La ONG Amnistía Internacional (AI) ha exigido este lunes investigar como posibles "crímenes de guerra" dos bombardeos llevados a cabo por Israel en la Franja de Gaza en los que murieron 46 civiles, 20 de los cuales eran menores.
Los ataques israelíes de los pasados 19 y 20 de octubre alcanzaron la iglesia ortodoxa griega de San Porfirio, en la que se refugiaban hasta 450 desplazados cristianos en Ciudad de Gaza, y una vivienda en un campo de refugiados de Nuseirat, en el centro del enclave palestino.
Entre los muertos por estos dos bombardeos, que constituyen "ataques indiscriminados o ataques directos contra civiles", se encuentra un bebé de tres meses como la víctima más joven y una mujer de 80 años, según ha informado en un comunicado la ONG.
AI ha analizado imágenes satelitales y material audiovisual para verificar y geolocalizar el lugar preciso de los ataques, mientras que también ha entrevistado a nueve supervivientes, dos testigos, un familiar de las víctimas y dos dirigentes religiosos.
Ramez al Sury, padre de familia que perdió a sus hijos, su hija y otros diez familiares más en el ataque contra la iglesia --que se saldó con al menos 18 civiles muertos-- le ha asegurado a AI que no tienen ningún lugar al que ir: "No hay lugar seguro en Gaza en esta guerra. Bombardeos en todas partes, día y noche", ha sentenciado.
La ONG ha recordado que el Ejército israelí borró un vídeo en el que aseguraba que en la iglesia ortodoxa había un centro de mando y control del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y en el que no aportó pruebas sobre sus afirmaciones.
"Personas responsables de la iglesia habían declarado públicamente que cientos de civiles se refugiaban allí antes del ataque, por lo que las Fuerzas Armadas debían de conocer su presencia. La decisión (...) de seguir adelante con un ataque contra un recinto religioso conocido y lugar donde había civiles desplazados fue imprudente y por tanto es constitutiva de crimen de guerra", ha indicado la ONG.
Hani al Aydi, una de las pocas supervivientes tras el ataque contra la vivienda de la familia Al Aydi en el campo de refugiados de Nuseirat --que se saldó con 28 civiles muertos-- ha afirmado a la ONG que "todo se derrumbó" de forma "inesperada".
"Aquí no hay nada, y ahora no nos queda nada", ha sentenciado.
AI ha detallado que al menos dos miembros de la familia Al Aydi tenían permiso para trabajar en Israel, lo que requiere "rigurosos controles de seguridad" por parte de las autoridades para quienes obtienen el visto bueno y para toda su familia.
Por su parte, Hazem Abu Shehada, quien perdió a su esposa y tres hijas, ha lamentado que sea el único que haya permanecido con vida: "Viviré con este sentimiento de culpa el resto de mi vida. Fui yo quien sugirió que se mudaran allí temporalmente", ha agregado.
La directora de Investigación, Trabajo de Incidencia y Política Globales de AI, Erika Guevara Rosas, ha asegurado que estos ataques "mortíferos e ilegítimos" demuestran "los devastadores efectos de la ofensiva sin precedentes" de Israel contra el enclave palestino, donde "no queda ningún lugar seguro" para refugiarse.
Asimismo, ha instado al Tribunal Penal Internacional (TPI) a tomar "de forma inmediata medidas concretas" para impulsar la investigación iniciada en marzo de 2021 sobre posibles crímenes de guerra en los territorios palestinos desde junio de 2014.
La ONG ha recordado que las partes en conflicto "deben distinguir en todo momento" entre civiles y objetivos militares. En este sentido, están obligados a tomar "todas las precauciones" para "evitar" o "minimizar" muertes de civiles.
"Amnistía Internacional no ha encontrado ningún indicio de que hubiera objetivos militares en los lugares donde se produjeron los dos ataques, ni de que las personas que estaban en los edificios fueran objetivos militares, lo que hace temer que estos ataques fueron ataques directos contra personas civiles o contra bienes de carácter civil", ha zanjado.
Más de 13.000 personas han fallecido en Gaza desde el inicio de la ofensiva, según las autoridades gazatíes, y Naciones Unidas ha advertido de que no hay ninguna zona en el enclave palestino que pueda considerarse plenamente segura.
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