BUENOS AIRES.- El presidente argentino,
Alberto Fernández, ratificó anoche su intención de expropiar la
agroexportadora Vicentín, la cuarta mayor del país, una decisión que
genera polémica y que para hacerse efectiva deberá contar con el apoyo
del Congreso.
"La expropiación es la herramienta para poder
rescatar la empresa, no hay otro modo", declaró el mandatario, un día
después de recibir al presidente de la gigante cerealera.
El gobierno puso en marcha el miércoles la intervención
administrativa de la empresa considerada estratégica, argumentando que
busca evitar una quiebra que podría arrastrar a centenares de
productores. En tanto, prepara un proyecto de ley de expropiación para
enviar al Congreso.
La exportadora de aceite y granos se declaró en cese de pagos y convocatoria a acreedores en diciembre.
El
anuncio del proyecto de expropiación fue rechazado por empresarios y
otros agroexportadores, que consideran que debería seguir su curso el
proceso judicial de concurso de acreedores, y provocó protestas en Santa
Fe y Buenos Aires, así como denuncias de la oposición.
También
analistas opinan que el anuncio no cae en el momento más oportuno ya
que Argentina se encuentra en plenas negociaciones para que sus
acreedores acepten la propuesta oficial de reestructuración de unos
66.000 millones de dólares en bonos regidos por ley extranjera. Este
viernes vencía el plazo para una respuesta de los acreedores, pero una
vez más fue postergado, hasta el 19 de junio.
"Además de
inoportuno, denota improvisación, falta una línea clara en lo económico,
y se expone a un desgaste prematuro en la opinión pública", comentó el
consultor político Carlos Fara.
Hasta fines de mayo, las encuestas
daban un notable crecimiento de la popularidad del presidente a más del
60% de aprobación, por su gestión para controlar la pandemia.
Pero esto podría cambiar "si avanza con la expropiación", advirtió Fara.
"Yo
les pedí (a los directivos de Vicentín) una alternativa. Lo que ellos
proponen es que el Estado ingrese a la empresa sin expropiación. Lo que
pasa es que eso supone un acuerdo con empresarios que están muy
salpicados. Y eso es muy poco transparente", aseveró el presidente.
Según Fernández, "ellos saben que no tienen aire y que solo el Estado puede socorrerlos".
Vicentín
acumula una deuda de 1.300 millones de dólares con 2.638 acreedores,
muchos de ellos cooperativas de productores agrícolas. También debe unos
255 millones de dólares al estatal Banco Nación, entre otras deudas con
entidades públicas y privadas.
Los créditos otorgados a Vicentín
por el Banco Nación están bajo investigación judicial en una causa en la
que se imputó a Sergio Nardelli, hasta ahora director de la empresa, y a
Javier González Fraga, titular de la entidad bancaria durante el
anterior gobierno de Mauricio Macri (2015-2019).
El ministro de
Agricultura y Pesca, Luis Basterra, también dijo que "no hay otra
alternativa más que la expropiación" pero agregó que "si se encuentra
otro instrumento, de mejor aplicación y a menor costo, bienvenido sea".
Fernández
recibió el jueves en la residencia oficial a Nardelli, con la presencia
de Omar Perotti, el gobernador de la provincia de Santa Fe, donde está
emplazada la empresa.
Al término de la reunión, Perotti dijo que el presidente estaba dispuesto a "escuchar alternativas superadoras".
Aún no hay fecha prevista para el envío del proyecto de ley de expropiación de Vicentín al Congreso.
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