LA PAZ.- La presidenta interina de Bolivia, Jeanine
Áñez, ha asegurado que cumplirá con lo que decidan sobre las nuevas
elecciones la presidenta del Senado, Eva Copa, y el Tribunal Supremo
Electoral (TSE), pero sigue sin promulgar el Proyecto de Ley 691,
aprobado por el Parlamento y que fija las próximas elecciones
presidenciales para el 6 de septiembre.
El pasado 10 de junio el Parlamento aprobó la iniciativa y el
Gobierno aseguró que Áñez promulgaría la ley "por respeto a las
instituciones de la democracia". Sin embargo, este viernes, Áñez ha
remitido una carta a Copa en la que le pide el estudio epidemiológico en
el que se basó la decisión de fijar la fecha electoral.
Además, apunta a que "proyecciones epidemiológicas para Bolivia
muestran que julio y agosto serán los meses con mayor cantidad de
ciudadanos contagiados".
"Y por eso es previsible que los eventos
masivos en esas fechas (como una elección y una campaña), se convertirán
en un riesgo real y muy grande para la salud", advierte, según recoge
el diario boliviano 'Página Siete'.
En respuesta, el expresidente Evo Morales, del Movimiento Al
Socialismo (MAS), ha apelado a la comunidad internacional y ha
denunciado que "el Gobierno de facto de Bolivia" pretende "impedir la
realización de elecciones, profundizando la crisis política e impidiendo
que las bolivianas y bolivianos ejerzan sus derechos"
"Rechazan la realización de las elecciones, son incapaces de
atender las consecuencias de la pandemia y solo quieren prorrogarse. La
grave crisis solo puede ser resuelta con autoridades elegidas. La
defensa de la democracia es una de nuestras tareas más importantes", ha
apuntado Morales en su cuenta oficial en Twitter.
Por su parte, Comunidad Ciudadana (CC), que lidera Carlos Mesa, ha
advertido de que "la verdadera intención" de Áñez y su Gobierno es
"prorrogarse en el ejercicio del poder, con grave daño a la
Constitución, a la salud de los ciudadanos y a la imagen internacional
del país".
En su comunicado, CC indica que la ley fue consensuada por
dos órganos del Estado, el Electoral y el Legislativo, y que el
Ejecutivo "con su actitud provoca, con toda intención, un grave
conflicto de poderes".
El Proyecto de Ley 691, fruto de un acuerdo entre los partidos
políticos representados en el arco parlamentario, fue aprobado por
mayoría absoluta el martes en sendas sesiones celebradas en la Cámara de
Diputados y en el Senado ante la presencia del jefe del Tribunal
Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero.
Con estos comicios, Bolivia aspira a zanjar la crisis política en
la que se encuentra inmersa por las "irregularidades" detectadas por la
Organización de Estados Americanos (OEA) en las elecciones
presidenciales del pasado 20 de octubre.
El entonces presidente, Evo Morales, tuvo que dimitir tras
retirarle su apoyo Policía y Fuerzas Armadas y más de 30 personas
murieron por enfrentamientos entre sus simpatizantes y detractores y con
las fuerzas de seguridad.
Actualmente, está refugiado en Argentina y,
conforme a un acuerdo político alcanzado para calmar las calles, no
podrá participar en las nuevas elecciones presidenciales.
Según las encuestas de intención de voto que se realizaron antes
de que surgiera la crisis sanitaria, el candidato del MAS de Morales, el
ex ministro de Economía, Luis Arce, partía con una amplia ventaja sobre
el resto de competidores, incluida Áñez.
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