FRÁNCFORT.- El Banco Central Europeo
aseguró este martes que hará "todo lo necesario" para ayudar a la
eurozona a salir de la crisis, pese al ultimátum que le ha impuesto la
justicia alemana por su programa de compra masiva de deuda soberana.
Tras
una reunión con carácter de urgencia, la dirección del BCE afirmó que
"toma nota" del fallo comunicado este martespor el Tribunal
Constitucional alemán, muy crítico con la política de apoyo a la
economía del instituto monetario de Fráncfort.
Pero, al mismo tiempo, el BCE afirmó que hará "todo lo que
sea necesario en el marco de su mandato" para garantizar "la
estabilidad de precios" en la zona euro y la buena transmisión de sus
decisiones monetarias al resto de la economía.
Una forma de decir
que prevé continuar, como viene haciendo desde 2015, con sus programas
de compra de cientos de miles de millones de euros de deuda pública para
apoyar la endeble economía de la zona euro.
Además,
en la guerra de jueces que libran los magistrados alemanes y europeos
sobre los límites del poder del BCE, este último se posicionó claramente
en el bando de los segundos.
Así, recordó que el Tribunal de
Justicia europeo validó en diciembre 2018 sus intervenciones en el
mercado de la deuda para apoyar la economía.
En su fallo del
martes, el Tribunal Constitucional alemán instó al BCE a justificar "en
un plazo de tres meses" la conformidad de sus masivas compras de deuda,
fragilizando su apoyo a la economía en plena pandemia de coronavirus.
La
institución de Fráncfort tendrá que demostrar para agosto, de forma
"comprensible y detallada" que los beneficios para la economía del
programa de compra de deuda soberana son superiores a los
inconvenientes.
Hasta que el consejo de gobernadores del BCE
demuestre la "proporcionalidad" de su programa, el Bundesbank, el banco
central alemán, el más poderoso de la zona euro, no podrá participar en
la compra de deuda de la institución europea para aliviar la economía.
Este
fallo rotundo, que suena a desafío para las instituciones europeas,
tiene en el punto de mira el programa anticrisis que realiza el BCE
desde 2015, y coincide con su refuerzo para hacer frente a las
consecuencias de la crisis sanitaria actual.
Su alcance político
podría ser de peso, al respaldar las posiciones de los europeos
escépticos con la política de "dinero fácil" desplegada por el BCE.
La
canciller alemana, Angela Merkel, consideró en una reunión a puerta
cerrada el martes con sus diputados, que los jueces habían señalado al
BCE los límites de lo que puede hacer, indicó a la AFP un participante,
que pidió el anonimato.
El BCE lleva años abogando por una
política de "expansión cuantitativa" o "QE" como solución contra la
crisis. Un instrumento muy criticado en Alemania, donde los detractores
ven en él un financiamiento ilegal del tren de vida de los Estados.
Para
los magistrados alemanes, el BCE se aventura en un terreno de "política
económica" fuera de su estricta competencia monetaria que consiste en
garantizar el nivel de inflación.
Los jueces de Karlsruhe
(suroeste de Alemania) consideran "dudoso" que el BCE tenga competencia
para comprar deuda pública de manera masiva, como hizo desde marzo de
2015 a diciembre de 2018 en el marco del "QE", inyectando más 2,6
billones de euros (unos 2,8 billones de dólares), y que reactivó el
pasado noviembre.
Los jueces rechazan en particular plegarse a la
opinión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que en 2018 aprobó
la conformidad del programa de BCE pero que, según ellos, "ignoró
totalmente" sus consecuencias económicas.
La inyección masiva de liquidez a la economía,
especialmente polémica en Alemania, afecta según el tribunal "a
prácticamente todos los ciudadanos" en su condición de "accionistas,
propietarios, ahorradores o titulares de pólizas de seguros", provocando
"pérdidas considerables en los ahorros privados", según el Tribunal.
En
esta guerra de jueces, la Comisión reiteró la "primacía del derecho
comunitario y el hecho de que los fallos del Tribunal de Justicia
Europea sean vinculantes para todas las jurisdicciones nacionales".
Para
Frederik Ducrozet, de Pictet Wealth Management, este "ultimátum"
suscita dudas sobre la capacidad del BCE para actuar a largo plazo.
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