Piñera se abre a reformar la Constitución para aplacar la crisis social en Chile

SANTIAGO.- El presidente de Chile, Sebastián Piñera, se abrió este sábado a reformar la Constitución promulgada en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), aunque en las manifestaciones que se alargan ya por tres semanas crece la demanda de efectuar un proceso constituyente para sustituirla por completo.

"Creo en los cambios a la Constitución, que son legítimos y los vamos a discutir; de hecho estamos preparando un proyecto de cambios a la Constitución para poder actualizar y tener nuestra propia propuesta", dijo el mandatario en una entrevista difundida este sábado por el diario El Mercurio.

Los cambios "tienen que ser más profundos y más intensos de lo que pensaba hace algunos años atrás", dijo Piñera, quien no puso plazos para presentar su proyecto y precisó que sus reformas serán discutidas en el Congreso.

"Yo creo que esto se soluciona primero con un plebiscito para modificar la Constitución, de partida, pero también necesitamos respuestas en salud, educación y la calidad de vida", dijo  Valeska Alarcón, vendedora en un supermercado, durante una manifestación pacífica en el acomodado barrio de Las Condes, en Santiago.

La Constitución actual no establece mecanismos para poder reemplazarla, tampoco le entrega al presidente la posibilidad de llamar a un plebiscito, un mecanismo reservado solo para casos cuando haya diferencias graves con el Parlamento.

Entre los cambios que contempla el proyecto de Piñera está "definir mejor los derechos de las personas y establecer cómo se van a respetar", precisar "las obligaciones del Estado" y crear "mejores mecanismos de participación" ciudadana.

Pocos días después de que Piñera asumiera la presidencia, el 11 de marzo del año pasado, su gobierno anunció que no permitiría avanzar un proyecto de ley que su predecesora, la socialista Michelle Bachelet (2014-2018), había enviado al Congreso para modificar la Constitución. El proyecto consagraba la inviolabilidad de los derechos humanos, el derecho a la salud y educación, y la igualdad salarial entre hombres y mujeres.

Después de tres semanas de protestas, el mandatario decidió dar un giro y afirmó que su propuesta constitucional debe ser "discutida" junto al proyecto de ley de Bachelet y con otras que puedan surgir.

El mandatario anunció hace dos semanas una nueva agenda social con un paquete de 15 medidas referidas a mejorar el ingreso mínimo, las pensiones, salud, educación y la reducción de las dietas parlamentarias y de los altos sueldos de la administración pública, pero que no logró contener el conflicto.

Mientras tanto, en las calles crece el clamor para realizar un proceso constituyente mediante el cual se reemplace la vigente Constitución promulgada en 1980 por Pinochet, y no sólo reformas como ha planteado Piñera. La demanda es apoyada por los partidos de oposición para descomprimir esta crisis que ya se ha cobrado 20 muertos.

"El clamor ciudadano es para una nueva Constitución, no para cambios ni más ni menos profundos. Queremos, en definitiva, una nueva Constitución democrática, no hecha en dictadura", dijo Heraldo Muñoz, excanciller y presidente del opositor Partido Por la Democracia (PPD).

Al igual que en las marchas, convocadas de manera espontánea por redes sociales y sin líderes visibles, la población se ha organizado voluntariamente para realizar cabildos en los que se ha discutido mecanismos para avanzar hacia una nueva Carta Magna.

En tanto, la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) anunció un plebiscito en 330 de las 345 comunas del país entre el 6 y 7 de diciembre para consultar a la población si desea una nueva Constitución y el camino para alcanzar este fin.

Bajo un intenso calor, las marchas continuaron esta jornada, pero menos numerosas y más pacíficas que el viernes. La protesta en Las Condes reunió a familias que marcharon con banderas chilenas y mapuches (la mayor etnia de Chile) al grito de "¡Chile despertó!", que se transformó en la consigna del estallido social.

Motociclistas hicieron rugir sus motores en frente de La Moneda, mientras en Plaza Italia -epicentro de las protestas de Santiago- se produjeron algunos disturbios aislados.

Lo mismo sucedió en una clínica privada en Providencia donde la Policía reprimió con gases lacrimógenos a decenas de personas que protestaban por las graves lesiones que sufrió un joven en los ojos durante disturbios.

El Ministerio del Interior informó que durante el viernes 400 personas fueron detenidas y más de un centenar –entre civiles y policías- resultaron heridas en violentos disturbios e incendios principalmente en Providencia y en Plaza Italia donde se reunieron 75.000 personas.

La embajada Argentina, que se encuentra cerca del lugar, también fue atacada por vándalos quienes forzaron un portón e ingresaron al patio.

Piñera reconoce abusos en el control de las protestas en Chile

El presidente chileno, Sebastián Piñera, planteó que se han cometido abusos en el control de las masivas protestas sociales que sacuden al país desde hace tres semanas y reafirmó que la justicia investigará y enjuiciará esas acciones. 
En una entrevista publicada el sábado por el diario El Mercurio, el presidente de centroderecha insistió sin embargo en que tanto su gobierno como la policía y las fuerzas armadas “siempre hemos tenido un compromiso” con respetar los derechos humanos.
“Creo que ha habido excesos, abusos, incumplimiento de los protocolos, incumplimiento de las reglas del uso de la fuerza, mal criterio o delitos. Pero eso tiene que ser investigado por la Fiscalía y juzgado por los tribunales de justicia”, dijo Piñera.
Consultado expresamente si se refería a la policía uniformada -Carabineros- que controla el orden público y a las fuerzas armadas, Piñera respondió que “no soy el juez, pero también observo” y que “todo hecho que pueda revestir carácter de exceso, abuso, delito o atropellos”, debe pasar a la fiscalía.
El ministerio público anunció esta semana que abrirá una investigación por torturas contra 14 policías, mientras que el ministro de Salud, Jaime Mañalich, reconoció hace pocos días que “en varias lesiones desproporcionadas hay violación a los derechos humanos”.
Piñera decretó estado de emergencia durante los primeros días del estallido social, pero las multitudinarias protestas han continuado y esta semana el presidente anunció medidas para criminalizar e intentar controlar saqueos, incendios y violencia en que derivan muchas manifestaciones.
Las protestas contra el gobierno y el modelo económico, que reúnen a multitudes que se manifiestan pacíficamente en las calles, obligaron al presidente a presentar una serie de medidas sociales paliativas y cambiar a parte de su gabinete.