QUITO.- Los
indígenas elevaron la tensión en Ecuador al mostrarse cerrados a un
diálogo con el Gobierno, al menos hasta la llegada de miles de
aborígenes a Quito que se sumarán a las protestas contra las medidas del
Ejecutivo, el cual impuso un control de precios para evitar la
especulación a raíz de las manifestaciones.
Los
nativos volvían este domingo a bloquear varias carreteras en el centro
del país, que los militares despejaban arropados en un estado de
excepción ordenado por Moreno el jueves, cuando se registraron saqueos
en la primera jornada de paralización de transportistas.
Aunque
los dirigentes del transporte suspendieron el paro el viernes, el fin
de semana no se está presentando una normal circulación de autobuses,
aunque sí de taxis.
Las
manifestaciones sociales se han repetido desde el jueves cuando la
eliminación de los subsidios derivó en un alza de 1,85 a 2,39 dólares en
el galón de la gasolina "extra" (la más popular), y de 1,03 a 2,27 en
la diesel premium.
Pero
mientras los transportistas suspendieron su paro, lo indígenas
incrementaron sus protestas y anunciaron una masiva llegada a Quito para
unirse, el próximo miércoles, a una huelga general secundada por
sindicatos y otros grupos sociales.
El
presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador
(Conaie), Jaime Vargas, aseguró este domingo que están "cerradas"
las posibilidades de diálogo con el Gobierno.
"Hemos cerrado totalmente el diálogo con el Gobierno, no hay diálogo hasta llegar a la ciudad de Quito", dijo.
Y
sin ofrecer detalles, confirmó que, desde el Gobierno, "intentan
conversar" pero que ellos no aceptarán el acercamiento, y avanzarán en
su caminata a Quito.
"Aquí
no estamos para negociar a espaldas del pueblo. El pueblo se ha
levantado y eso es lo que se va respetar", apuntó un día después de que,
en un encuentro con la prensa extranjera, el canciller, José Valencia,
reiterase la apertura del Ejecutivo nacional al diálogo, pero sin
posiciones de fuerza.
Valencia,
quien aseguró que "la línea de diálogo, consideración y respeto se va a
mantener", habló después de que la Conaie, la mayor organización de
indígena del país, reiteró su "movilización indefinida" por la subida
del precio de los combustibles, entre otros reclamos.
Entre
otras medidas, Moreno liberalizó el mercado de combustibles en
respuesta a una serie de compromisos que ha adquirido con el Fondo
Monetario Internacional (FMI) para recibir una línea de crédito de más
de 10.000 millones de dólares de varias entidades.
Ante
la grave ola de protestas, el mandatario ecuatoriano decretó el estado
de excepción en el país, y los indígenas hicieron lo propio el sábado
con la advertencia de que retendrán a miembros de las fuerzas del orden
que ingresen en sus dominios.
Una
fuente del Ministerio de Gobierno (Interior) confirmó que medio
centenar de militares y policías fueron retenidos el sábado, pero no
ofreció detalles sobre su situación o sobre si habían sido liberados.
Mientras
tanto, en la capital ecuatoriana, Quito, las actividades se desarrollan
con relativa normalidad, pero con preocupación por las repercusiones
que el alza de los combustibles y el bloqueo de las carreteras pueda
tener sobre el precio final de los productos.
Jimena
Calvopiña, que trabaja desde hace tres años en el mercado de Quito,
dijo que aún es pronto para valorar los efectos.
"Tenemos
que esperar a los proveedores, para ver si suben o nos mantenemos en
los precios a los que cogemos sus productos", anotó.
Por
su lado, una vendedora de frutas y legumbres en el centro norte de
Quito comentó que no se abasteció de productos en uno de los
principales centros de acopio de la capital porque encontró precios
"exagerados".
Como ejemplo, mencionó el que una caja de 150 granadillas que la semana pasada compró en 18 dólares, este domingo estaba en 30.
Frente
al temor de una subida descontrolada, el Gobierno ecuatoriano lanzó
este fin de semana una serie de operativos simultáneos por todo el país
para controlar los precios de los productos de primera necesidad.
Como
resultado, veinte personas que vendían alimentos con un valor superior
al estipulado habían sido detenidas hasta el medio día.
Según
la ministra de Gobierno, María Paula Romo, se han celebrado varias
reuniones con representantes de grandes cadenas de distribución y venta
de alimentos para que actúen como agentes de control.
"Ellos
se asegurarán de que sus proveedores mantengan los precios
establecidos, ya que no hay ninguna justificación para subirlos",
subrayó en un comunicado oficial.
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