PARÍS.-
Los nueve sindicatos representativos de los funcionarios franceses
organizaron este jueves una jornada de huelgas y manifestaciones para
protestar contra un proyecto de ley que reforma la gestión del empleo
público para acercarlo a la de la empresa privada.
Más
de un centenar de manifestaciones se sucedieron por todo el territorio
francés, la más nutrida la de París, donde, según indicó una
portavoz de la Confederación General del Trabajo (CGT), participaron
30.000 personas.
El
paro tuvo impacto en el tráfico de aviones, con retrasos de hasta una
hora y reducción del programa de vuelos, porque un 9 % de los
controlares aéreos a nivel nacional se declaró en huelga, según la
Dirección General de la Aviación Civil (DGAC).
Una
portavoz de este organismo precisó que con carácter preventivo
las compañías habían reducido su programa de vuelos entre un 20 y un 30 %
por la mañana en los aeropuertos de París, Lyon, Marsella y Toulouse e
insistió en que los vuelos internacionales no se vieron afectados.
El
malestar de los funcionarios, más allá de la reforma del empleo público
que inicia su procedimiento parlamentario, tiene que ver con demandas
salariales y con otros asuntos, como la futura reforma de las pensiones.
La
de este jueves fue la cuarta jornada de movilización a la que los 5,6
millones de funcionarios del país estaban convocados desde el comienzo
de la presidencia de Emmanuel Macron en mayo de 2017, pero la primera
organizada por todas las centrales.
Lo
que unió a todas fue el rechazo a un proyecto de ley que el Gobierno
presentó el pasado 27 de marzo y que, entre otras cosas, amplía las
posibilidades de utilizar personal contratado en lugar de funcionarios,
contempla contratos temporales de hasta seis años y prevé mecanismos
para individualizar la remuneración.
También
formaliza una especie de despido acordado que conlleva una
indemnización y derecho al subsidio de desempleo y que ya se usa en la
empresa privada.
El
secretario de Estado francés de la Función Pública, Olivier Dussopt,
advirtió de que ese texto, que será examinado a partir del lunes próximo
en la Asamblea Nacional, ni se retirará ni se renegociará.
"Hemos
tenido quince meses de concertación, seis semanas de consultas
oficiales y hemos aceptado muchas enmiendas" de los dos sindicatos que
quisieron implicarse en las conversaciones, la CFDT y UNSA, señaló
Dussopt en una entrevista al canal CNews.
Dussopt,
en todo caso, se mostró más conciliador con uno de los caballos de
batalla de los sindicatos, que es la reducción de 120.000 empleados
públicos que Macron se había marcado como objetivo al comienzo de su
mandato.
El
secretario de Estado recordó que el jefe del Estado había señalado el
pasado 25 de abril que estaba "dispuesto a renunciar" a esa meta para
tener en cuenta las demandas recibidas durante el debate nacional que
organizó en respuesta a la crisis de los "chalecos amarillos".
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