Los sectores anunciaron marchas por separado entre el 15 y el 22 de enero, semana en que Correa cumplirá su segundo año en el poder con una popularidad del 70%, según una encuesta de la firma privada Cedatos Gallup.
El jefe de Estado se presentará a las primarias del movimiento oficialista Alianza País sin un competidor capaz de hacerle sombra, por lo que se da por descontada su postulación a un segundo mandato.
Pero antes deberá responder a reclamos salariales, por el manejo de los recursos de los jubilados y un controvertido proyecto de ley minera que puso en su contra al movimiento indígena, artífice de la caída de dos presidentes en la última década.
Fiel a su estilo, Correa amenazó el sábado con despedir a los empleados públicos que protesten en horas de trabajo, y en el caso de los indígenas aseguró que convocará a una consulta popular sobre la minería si su propuesta es reformada por el Legislativo de mayoría oficialista.
"Hemos convocado a una gran marcha nacional el 22 de enero, pero que (el presidente) no venga a amenazar con que nos va a botar, que nos va a destituir, porque ya estamos curados de espantos", dijo Mery Zamora, dirigente de la Unión Nacional de Educadores.
Los trabajadores de ese sector alegan que Correa retrasó sin justificación la firma de un decreto que autoriza un ajuste salarial. Por su parte, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) confirmó una movilización para este jueves mientras los indígenas lo harán el 20.
"Terminamos la etapa de la imposición. Hay que abrir el debate en democracia y por eso el 20 nos movilizaremos a nivel nacional", indicó Jorge Guamán, asambleísta del Partido Pachakutik, brazo político de las comunidades nativas.
Los pueblos indígenas libran una dura pelea con el Gobierno para impedir la aprobación de un proyecto que autoriza la minería a gran escala, a través de cortes esporádicos de rutas y huelgas de hambre.
Según los dirigentes indígenas, la extracción de recursos puede contaminar las fuentes de agua en sus territorios ancestrales. No obstante, el jefe de Estado aseguró que además de proteger el medio ambiente en dichas zonas, la ley generará importantes ingresos para beneficio de esas poblaciones.
Al mismo tiempo consideró que detrás de la oposición hay "grupos que están acostumbrados a hacer lo que les dé la gana y no representan a nadie, y muchas veces son corruptos financiados hasta por las trasnacionales mineras".
El malestar con el Ejecutivo también se extiende a los sindicatos obreros, que preparan protestas por un salario básico de 218 dólares fijado para 2009 y la compra de bonos del Estado con el dinero del sistema de seguridad social, según Mesías Tatamuez, líder de la FUT.
La inversión no fue bien recibida por las centrales obreras ante la coyuntura económica mundial, en cuyo marco el Gobierno suspendió el pago de una parte de su deuda externa, representada también en bonos, alegando supuestas irregularidades en su contratación.
No hay comentarios:
Publicar un comentario