La medida ha sido anunciada por Elisabeth Borne, primera ministra de Francia, y refutada por Bruno Le Maire, ministro de Economía francés. El Ejecutivo permitirá a gasolineras y distribuidoras vender a pérdidas, algo que está prohibido por ley desde 1963. Es decir, incluso a precios que no reporten beneficios. Y esas pérdidas serían compensadas a largo plazo.
Esto permitirá a las estaciones "bajar aún más los precios", ha defendido Borne. "Con esta medida sin precedentes, tendremos resultados tangibles para los franceses, sin subvencionar el combustible", aseguró la primera ministra en la entrevista concedida a Le Parisien.
Sobre la mesa había otras propuestas, como volver a la bonificación directa al repostar sufragada por el gobierno francés y que llegó a ser de 30 céntimos por litro. Esta medida se adoptó en 2022. También la oposición planteó que se rebajasen los impuestos del combustible.
Pero el Gobierno francés ha optado por esta otra medida que tendrán que asumir las empresas: "Nuestro método busca involucrar a todos los actores económicos en esta lucha contra la inflación. El Estado no puede soportar por sí solo el coste de la inflación", argumenta Bruno Le Maire.
Borne asegura que, gracias a este movimiento, los conductores podrán llenar el tanque con un ahorro de entre 40 o 45 céntimos por litro. Esto, trasladado a un depósito de 40 litros supondría unos 20 euros menos en cada repostaje.
En Francia el litro de gasolina y diésel ya ronda los 2,0 euros: según el último Boletín Petrolero europeo, la gasolina de media en este país fija su precio en 1,929 euros el litro y el gasóleo en 1,929 euros el litro.
Esto con los impuestos incluidos, porque en Francia la gasolina va gravada a casi 1,0 euro por cada litro de gasolina. Y el de diésel a más de 0,90 euros.
¿Cuándo comenzará a aplicarse? El objetivo es que la medida entre en vigor a principios de diciembre. Y que se mantenga al menos seis meses, hasta junio de 2024.
La derogación de la prohibición de vender a pérdidas se recogerá en un proyecto de Ley que se pretende esté listo en octubre. No obstante, debe ser votado en la Asamblea Nacional para que vea la luz y se convierta en una medida en firme.
La anunciada medida ya ha sido criticada por las estaciones de servicio. Según el sindicato Mobilians, que representa a cerca de 5.800 gasolineras tradicionales, podría suponer el cierre de las gasolineras más pequeñas.
Sostienen que la mayoría de las estaciones no podrían vender a pérdidas. Y que si se aprueba levantar este veto supondrá el cierre de las gasolineras "en tres meses". Señalan además el escaso margen de las estaciones, de apenas uno o dos céntimos el litro.
De momento, las gasolineras pertenecientes a la petrolera TotalEnergies lo que han hecho es poner tope al precio de la gasolina y el gasóleo, comprometiéndose a no venderlo más allá de los 1,99 euros el litro.
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