BARCELONA.- Una jueza ha abierto una nueva causa penal contra Ada Colau, ex alcaldesa, por romper las relaciones de Barcelona con Israel y el hermanamiento con la ciudad de Tel-Aviv. La magistrada del juzgado de instrucción 5 de ha admitido a trámite la querella del abogado Francesc Jufresa, que ve en esa decisión un delito de prevaricación, y lo atribuye tanto a la exalcaldesa.
En su auto, la magistrada admite también la denuncia que interpuso ante la Fiscalía la proisraelí Asociación y Comunicación sobre Oriente Medio. Esta entidad es la que ya acudió a la jurisdicción contenciosa para pedir que se paralizase el decreto de Alcaldía de suspensión de relaciones, pero la jueza de entrada rechazó su petición cautelar de paralizar la decisión.
La decisión de Colau de suspender el hermanamiento con Tel-Aviv fue una de las más controvertidas de su etapa final como alcaldesa. La regidora de Barcelona en Comú lo aprobó por decreto de Alcaldía el pasado 9 de febrero y puso así fin al acuerdo de amistad que firmó el entonces alcalde socialista Joan Clos en 1998.
Los comuns se apoyaron en una iniciativa liderada por la plataforma Prou Complicitat con más de 4.000 firmas y la adhesión de 80 entidades, que pedía poner fin a esa relación como señal de protesta contra la vulneración de derechos humanos del Estado de Israel entre la población Palestina.
La querella hace especial hincapié en que Colau no tiene competencias para romper relaciones formalmente con Israel, aunque lo cierto es que el decreto aprobado hacía referencia solamente al hermanamiento con Tel-Aviv.
Lo que sí hizo Colau fue acompañar la decisión de una carta al primer ministro del país, Benyamin Netanyahu, en la que anunciaba que “temporalmente” suspendía relaciones con el Estado de Israel “hasta que las autoridades pongan fin a la sistemática violación de derechos humanos hacia la población palestina”.
Según los querellantes, esta misiva tiene rango de “acto administrativo”, algo que desde los comuns niegan.
Marc Serra, concejal de los comuns, defiende que la carta se mueve “en términos políticos”. “Una alcaldesa pueda emitir opinión acerca de los derechos humanos y condicionar las relaciones de su ciudad con un actor como el Estado de Israel”, esgrime, y recuerda precisamente que el hermanamiento con Tel-Aviv –que incluye también el de Gaza, este no suspendido– ya se formalizó por decreto de Alcaldía.
La querella, por último, ve también en la actuación de Colau un posible delito de odio, al entender que la carta incluye “toda clase de invectivas antisemitas”, hasta el punto de afirmar que Israel es un Estado “racista” o de argumentar que es un “régimen militar y autocrático que encarna el denominado ‘colonialismo sionista’”. Pero estas últimas expresiones no las incluye en realidad la misiva.
Lo que sí hace Colau en la carta es calificar de “apartheid” lo que vive la población palestina en Israel, en referencia a unas declaraciones previas del ex secretario general de la ONU Ban-Ki Moon. Según los querellantes, esta afirmación es “antisemita” y “generadora de odio” hacia los judíos. Serra, por su parte, considera “perversa” esta argumentación, según la cual, añade, “todo lo que sea criticar a Israel puede ser considerado delito de odio”.
“Se confunde de forma deliberada el Estado de Israel con el pueblo judío”, remarca el concejal de los comuns, que añade que la carta hace distinción explícita entre Estado y “la población judía y su cultura en su conjunto”.
Serra ve en la denuncia “el mismo patrón” que en las demás querellas que ha recibido Colau a lo largo de sus ocho años al frente de la alcaldía. “Lo que intentan no es una sentencia condenatoria, que es imposible, sino conseguir titulares y desgastar a los líderes políticos”, afirma.
Antes de decidir si cita a Colau como imputada, la magistrada ha requerido al Ayuntamiento el expediente sobre la suspensión del hermanamiento con Tel-Aviv.
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