TORONTO.- Canadá deportó a miles de personas incluso cuando el COVID-19 se desencadenó el año pasado, según muestran datos y los abogados dicen que las deportaciones están aumentando, poniendo a las personas en riesgo innecesario en medio de una emergencia sanitaria mundial.
Como muchos otros países, Canadá está luchando para evitar que una segunda ola se salga de control y sus líderes políticos están pidiendo a los residentes que se queden en casa para evitar la propagación.
Los abogados y defensores de los derechos humanos están denunciando la decisión de noviembre de Canadá de reanudar las deportaciones. Hasta ahora, no se conocía el alcance de las deportaciones pandémicas del país, pero entrevistas recientes con abogados de inmigración y el escrutinio de las cifras del gobierno han arrojado luz sobre la situación.
Canadá contó 12,122 personas removidas en 2020, 875 más que el año anterior y el número más alto desde al menos 2015, según datos de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA) vistos por Reuters. El gobierno dice que esto fue necesario y se hizo de manera segura.
La CBSA dice que el número alto el año pasado se debe a que incluye a personas que decidieron irse por su cuenta, denominadas "mudanzas administrativas". En 2019 se produjeron 1.657 traslados administrativos, frente a 8.215 el año pasado.
Incluso restando esos números, eso deja a miles de personas deportadas mientras la pandemia se desataba y los gobiernos advirtieron contra viajes de cualquier tipo por razones de seguridad.
A pesar de que Canadá continúa deportando a los no ciudadanos durante una crisis de salud, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pausó las deportaciones durante 100 días a las pocas horas de haber prestado juramento el miércoles.
Canadá impuso oficialmente una moratoria sobre las deportaciones en marzo que levantó a finales de noviembre.
“Tanto como una preocupación de derechos humanos, es una preocupación de sentido común”, dijo Bill Frelick, director del Programa de Derechos de los Refugiados de Human Rights Watch.
Las prácticas de deportación de los países han variado a lo largo de la pandemia. Varios, incluido el Reino Unido, suspendieron las deportaciones antes de reanudarlas. Otros, como Irlanda, han mantenido las suspensiones.
La CBSA dijo que ha dado prioridad a las deportaciones por razones de "admisibilidad grave", incluida la criminalidad.
La gran mayoría de las personas deportadas en 2020 fueron por "incumplimiento". Incluso teniendo en cuenta las deportaciones administrativas, más de 1.000 personas fueron deportadas durante la suspensión, según muestran los datos.
Los expertos en salud pública han advertido que los viajes de cualquier tipo pueden propagar el COVID-19 de un lugar a otro, un riesgo que aumenta con la llegada de variantes de COVID más altamente transmisibles.
Muchos de los viajes de deportación involucran transferencias en múltiples aeropuertos y vuelos durante los cuales las personas son colocadas en espacios cerrados en lugares cerrados con otras personas durante horas, una situación propicia para la transmisión.
Desde agosto, Canadá ha estado llevando a cabo deportaciones con escoltas de CBSA, por lo que los canadienses también están realizando miles de estos vuelos de ida y vuelta con fines de deportación.
Organizaciones como el Colegio de Abogados de Canadá y la Asociación Canadiense de Abogados Refugiados se pronunciaron en contra de la decisión de Canadá de reanudar las deportaciones.
“Como todo el mundo está imponiendo más restricciones en un esfuerzo por aplanar la curva ... CBSA tomó una decisión impactante de simplemente volver a la normalidad”, dijo Maureen Silcoff, presidenta de la Asociación Canadiense de Abogados Refugiados.
"Canadá ha adoptado la posición de que los viajes no esenciales están prohibidos, pero ahora se está expulsando a personas y no hay indicios de que esas deportaciones sean esenciales".
La CBSA dijo en un comunicado que levantó la moratoria sobre las deportaciones porque las oficinas de gobiernos extranjeros y las fronteras se habían reabierto, las aerolíneas reiniciaron sus rutas y los protocolos de salud pública "han contribuido a un alto grado de seguridad para las personas que son trasladadas por aire".
"Canadá sigue cumpliendo con sus obligaciones en materia de derechos humanos y seguridad pública en relación con la expulsión de ciudadanos extranjeros inadmisibles", dijo el comunicado. “El proceso de remoción incluye muchos controles y contrapesos para garantizar que la remoción se lleve a cabo de manera justa y equitativa”.
Pero estas deportaciones ponen en peligro no solo a las personas deportadas, sino también a los funcionarios gubernamentales encargados de acompañarlos a su destino, dicen los abogados.
La oficina de Toronto del abogado de inmigración Lorne Waldman pasó de no tener casos de deportación a recibir tres o cuatro en el espacio de una semana, dijo. Ahora está luchando por un solicitante de refugio fallido con dos niños canadienses que enfrenta la deportación a Egipto el lunes.
"Están aumentando como si no hubiera una pandemia", dijo. "Es increíble."
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