LUXEMBURGO.- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea
ha dictado este jueves que el derecho de inmigrantes menores de edad a
beneficiarse de una reagrupación familiar en la Unión Europea se debe
respetar también aún cuando el niño llegue a cumplir la mayoría de edad
durante el periodo en que se resuelve su caso.
La fecha que las autoridades de un Estado miembro deben tener en
cuenta para determinar si un miembro de la familia de reagrupamiento
familiar es menor debe ser por tanto aquella en la que se presentó la
primera solicitud de entrada y de residencia, razona la Justicia
europea.
De este modo, el tribunal con sede en Luxemburgo explica en el
fallo publicado este jueves que un recurso interpuesto contra la
denegación de una solicitud de reagrupación familiar de un menor no
puede ser declarado inadmisible únicamente porque el menor haya
alcanzado la mayoría de edad durante el procedimiento judicial.
El caso responde al de un ciudadano que goza del estatuto de
refugiado en Bélgica y que solicitó sin éxito en dos embajadas belgas,
primero en Guinea (2012) y después en Senegal (2013), la autorización de
residencia con fines de reagrupación familiar para sus tres hijos
menores de edad.
El solicitante de la reagrupación familiar apeló las decisiones en
Bélgica, pero el Tribunal de extranjería declaró los recursos
inadmisibles en 2018 por considerar que no había interés en completar la
acción, al considerar que el interés debe existir en el momento de
interponer el recurso y perdurar durante todo el procedimiento.
El Tribunal europeo, sin embargo, responde ahora que la fecha a
tener en cuenta es la de la presentación de la solicitud y recuerda que
el objetivo de la normativa comunitaria es favorecer la reagrupación
familiar y dar protección a los nacionales de terceros países,
especialmente a los menores.
De este modo, la sentencia apunta que si la edad relevante fuera
la del solicitante en el momento del pronunciamiento no solo no sería
conforme a los objetivos perseguidos de protección del menor, sino que
las autoridades no tendrían "ningún incentivo" para tramitar con la
"urgencia necesaria" los casos que afectan a menores.
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