BRUSELAS.- La comisión de Libertades Civiles e
Interior del Parlamento Europeo ha instado este jueves al Consejo a
actuar ante el "continuo retroceso" democrático y de respeto del Estado
de derecho y derechos fundamentales en Polonia y dar los pasos
necesarios para reactivar el procedimiento sancionador contra este país
para evaluar si existe un grave riesgo para los valores de la UE.
En un informe adoptado este jueves por la comisión parlamentaria y
que será discutido y sometido al voto del pleno el próximo mes de
septiembre, los eurodiputados critican que el proceso esté estancado en
el Consejo, en donde se abordó la preocupación por Polonia por última
vez en diciembre de 2018.
Los eurodiputados alertan especialmente de problemas en los
sistemas legislativos y electorales en Polonia, de las injerencias sobre
la independencia judicial y sobre los derechos de los jueces y de dudas
sobre la protección de los Derechos fundamentales de los ciudadanos.
Por ello, piden tanto a la Comisión como a los Veintisiete que
eviten interpretaciones limitadas de los procedimientos previstos por la
UE ante casos graves de riesgo para la democracia en los Estados
miembro y abogan por utilizar todo el potencial del artículo 7 del
Tratado.
Este instrumento permite al Consejo iniciar un examen sobre la
situación del Estado de derecho en los países socio y actuar en caso de
sospechas de violaciones grave.
El proceso, que en su última instancia requiere la complicada
unanimidad de los Veintisiete para actuar, prevé suspender derechos de
los Estados incumplidores, por ejemplo suspendiendo su derecho a voto en
la toma de decisiones.
El presidente de la comisión europarlamentaria y eurodiputado del
PSOE, Juan Fernando López Aguilar, ha recordado que Polonia tiene cuatro
expedientes abiertos por Bruselas por ignorar varias sentencias del
Tribunal de Justicia de la UE y ha advertido de que "ser un Estado
miembro significa respetar las leyes de la UE".
López Aguilar también ha considerado que "no hay nada comparable
en Europa", más allá de Hungría, contra quien también se ha activado el
procedimiento sancionador, y ha alertado de las graves consecuencias
para el Estado de derecho de la "cascada" de medidas adoptadas por
Varsovia en los últimos cinco años.
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