ANKARA.- El Parlamento turco ha aprobado una ley que reduce las penas y permite liberar a unos 90.000 presos, el 30% del total, para descongestionar las prisiones ante la pandemia de coronavirus, pero que deja fuera a periodistas, políticos y activistas opuestos al Gobierno.
La nueva norma fue aprobada el lunes de madrugada con el apoyo de 279 diputados del gobernante AKP, el partido islamista del presidente Recep Tayyip Erdogan, y sus aliados.
Un total de 51 diputados opositores del socialdemócrata CHP y del progresista y prokurdo HDP rechazaron el cambio legal.
Durante el debate, la oposición denunció que la medida de gracia
excluya a unos 85 periodistas y cientos de exdiputados, alcaldes y
militantes del HDP, condenados en aplicación de la ambigua ley
antiterrorista.
El cambio legal excluye también a los condenados por terrorismo, asesinato, tráfico de drogas o abuso sexual.
La nueva ley permite la libertad condicional de quienes han cumplido
ya la mitad de su pena, que quedaran sometidos a un periodo de prueba de
tres años.
Los presos mayores de 65 años, las mujeres que viven con sus hijos
pequeños en la cárcel y aquellos que están enfermos seguirán cumpliendo
su pena en arresto domiciliario.
La ley, propuesta por el AKP, busca aliviar la situación de saturación de las cárceles turcas, que albergan a unas 300.000 personas, pese a tener capacidad para sólo 200.000.
El argumento es reducir el riesgo de contagio por la actual pandemia
de coronavirus, que ha contagiado ya a diecisiete prisioneros en cinco
cárceles distintas, de los que tres han fallecido.
Aunque el Gobierno tenía planes de mejorar las condiciones en las
cárceles desde las elecciones de junio de 2018, la COVID-19 ha acelerado
ahora la aplicación de esa medida.
Aunque el CHP defendía que era preciso reducir el número de presos ante la pandemia, ha criticado que se haya dejado fuera, por ejemplo, a los periodistas.
“No se puede discriminar entre los presos cuando se trata de una pandemia y abandonar al virus a gente vulnerable“, declaró Seyit Torun, vicepresidente del partido.
“Entre ellos hay periodistas que en una democracia normal no deberían estar en prisión ni un sólo día”, denunció.
Amnistía Internacional (AI) ha mostrado su apoyo a la medida para reducir el “crónico abarrotamiento” de las cárceles turcas, pero ha criticado la forma de hacerlo.
“(…) Es profundamente decepcionante que decenas de miles de presos
esperando juicio, una medida que sólo puede aplicarse cuando no hay
alternativa a la custodia, no se hayan tenido en cuenta para la puesta
en libertad”, critica esta ONG de derechos humanos.
“Aquellos que han sido condenados en juicios injustos bajo la
excesivamente amplia ley antiterrorismo, son ahora condenados también a
afrontar la perspectiva de una infección por esta mortal enfermedad”,
advierte AI.
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