MANAGUA.- El partido de Gobierno de Nicaragua
propondrá una reforma fiscal que eleva las tasas de los impuestos sobre
la renta y de valor agregado para recaudar el equivalente al 2,3 % del
PIB, en un intento por paliar la abrupta caída de la economía a raíz de
la crisis sociopolítica que vive el país.
Los
pronósticos del Fondo Monetario Internacional (FMI) ubican en un 4 % la
caída del producto interno bruto (PIB) de Nicaragua en el 2018, un dato
que contrasta con la expectativa del Banco Central nicaragüense de un
crecimiento del 1 %, muy por debajo del al menos 4,5 % que calculaba
antes de la crisis.
El diputado Wálmaro Gutiérrez, del gobernante Frente
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), dijo este lunes que el
proyecto de reforma a la Ley de Concertación Tributaria será presentado
ante el Parlamento en las próximas horas y que espera que sea aprobado
esta misma semana por la mayoría oficialista.
La
reforma plantea que la tasa del 1 por ciento del Impuesto Sobre la Renta
(ISLR) que ahora pagan las grandes y medianas empresas pase a ser del 3
y 2 por ciento mensual, respectivamente, explicó Gutiérrez.
El proyecto también propone que los asesores, técnicos y altos cargos
de las sociedades anónimas paguen un 25 por ciento de ISLR, diez puntos
porcentuales más, así como un alza en la tasa del IVA, actualmente del
15 por ciento, que pagan las bebidas sintéticas y alcohólicas,
cigarrillos y alimentos "de muy bajo valor nutricional".
Según Gutiérrez, que no precisó la variación que tendría el IVA, la
meta del Gobierno es recaudar 10.168 millones de córdobas (313,3
millones de dólares), un 2,3 por ciento del PIB, "que necesitamos
obtener".
"Necesitamos aprobar esta reforma fiscal", resaltó el diputado.
Gutiérrez justificó la propuesta en que Nicaragua experimentó una
contracción económica en 2018 como producto de la crisis sociopolítica,
causada, según dijo, por un "golpe de Estado fallido" contra el
presidente Daniel Ortega.
Una reforma de ley similar
que intentaba ser aplicada a la Seguridad Social desató en abril pasado
la mayor crisis sociopolítica de Nicaragua en décadas y que ha dejado
entre 325 y 561 muertos, y de 340 a 767 detenidos, según organismos
humanitarios.
Ortega reconoce 199 muertos y 340 detenidos a los que llama "terroristas", "golpistas" y "delincuentes comunes".
La versión oficial de un "golpe de Estado fallido" ha sido rechazado tanto por opositores como por organismos internacionales.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI),
tutelados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
asegura que existen pruebas para argumentar que el Gobierno de Ortega ha
incurrido en delitos de lesa humanidad en el marco de la crisis.
La Organización de Estados Americanos (OEA) emprendió el 11 de enero la
aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, por
ruptura del orden constitucional.
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