ESTRASBURGO.- El pleno del
Parlamento Europeo (PE) mostró hoy su apoyo a la creación de una lista
negra europea de paraísos fiscales, y pidió que se tomen medidas más
estrictas de las que se debaten actualmente para reforzar la lucha
contra la elusión fiscal.
La propuesta de una directiva contra la elusión fiscal presentada por
la Comisión Europea ha recibido una buena acogida en la Eurocámara, así
como su idea de crear el citado listado que clasifique a nivel
comunitario de los territorios que se consideran nocooperativos en
materia fiscal, impulsada tras el escándalo de los conocidos como
"papeles de Panamá".
No obstante, los eurodiputados reclamaron límites más estrictos en
las deducciones por pago de intereses y reglas más exigentes sobre los
ingresos obtenidos en el extranjero, así como más transparencia de los
fondos fiduciarios y fundaciones, según un comunicado del PE.
El Parlamento expresó esta opinión en un texto aprobado con 486 votos
a favor, 88 en contra y 103 abstenciones, que no es vinculante ya que
la cámara no tiene poder legislativo en asuntos fiscales.
La directiva propuesta contra la elusión fiscal prevé que los países
puedan gravar los beneficios que las multinacionales producen en su
territorio, pero derivan a filiales en paraísos fiscales o con impuestos
de sociedades muy bajos, hasta un 40 % menores que los suyos.
Además, incluye la "regla del intercambio", que permitirá a los
países tasar los dividendos, ganancias de capital y beneficios de un
establecimiento permanente que son introducidos en la UE desde un país
en el que no se les grava o solo de manera muy baja, hasta ahora exentos
para evitar la doble imposición.
En este punto, el Parlamento pide que se aplique un tipo mínimo del
15 % a esos ingresos, de manera que si han sido gravados a un tipo más
bajo fuera de la UE tengan que pagar la diferencia.
La Eurocámara también quiere prohibir el uso de empresas ficticias,
introducir gradualmente una base imponible consolidada común del
impuesto sobre sociedades e implantar un método común de cálculo del
tipo efectivo del impuesto sobre sociedades en cada Estado miembro, para
permitir comparaciones.
También pide crear un mecanismo de resolución de litigios fiscales
trasfronterizos con normas más claras y plazos más estrictos, a más
tardar en enero de 2017, y establecer un número de identificación fiscal
común y armonizado que sirva de base para el intercambio automático y
efectivo de información entre las administraciones tributarias
nacionales.
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