LISBOA.- La solución
encontrada para vender el Banco Internacional de Funchal (Banif) al
español Santander incluye "un apoyo público" por parte del Estado
portugués valorado en 2.255 millones de euros.
Así lo precisó hoy de madrugada el banco central luso, que explicó en
un comunicado que esta cantidad fue acordada tanto con el Santander
como con las autoridades europeas y que pretende "cubrir contingencias
futuras".
De estos 2.255 millones de euros -equivalentes a cerca del 1,4 % del
PIB de Portugal-, 1.766 millones serán aportados directamente por el
Estado y los restantes 489 millones llegarán desde el Fondo de
Resolución.
Medios económicos lusos apuntaron que este montante está relacionado
con la asunción por parte del Estado de los activos tóxicos del que es
considerado como el octavo mayor banco del país.
De hecho, el propio Banco de Portugal detalló que la venta del Banif
al Santander por 150 millones de euros no incluye "los activos
problemáticos, que serán transferidos para un vehículo de gestión de
activos".
La edición web del semanario "Expresso" reveló que el Gobierno luso
tiene previsto celebrar hoy lunes un consejo de ministros extraordinario
para aprobar un Presupuesto rectificativo que incluya estos 2.255
millones de euros, aunque anticipa que no afectarán a efectos de
calcular el déficit público del país a cierre de 2015.
"Las imposiciones de las instituciones europeas y la imposibilidad de
una venta voluntaria del Banif condujeron a que su alienación fuera
decidida en el contexto de una medida de resolución", precisó el
supervisor luso.
Desde el Banco de Portugal recordaron que la Comisión Europea ya
había abierto un proceso de investigación sobre el apoyo estatal
recibido por el Banif a principios de 2013, de 1.100 millones de euros.
"Ante la posibilidad de que este auxilio fuera declarado ilegal y que
por tanto se exigiera su restitución, los accionistas y el consejo de
administración del Banif iniciaron un proceso de venta", reza el
comunicado.
Sin embargo, el pasado sábado, 19 de diciembre, el Ministerio de
Finanzas informó al Banco de Portugal de que no se había logrado
concretar la operación "en el ámbito de un proceso de venta voluntaria
porque todas las propuestas presentadas por los potenciales compradores
implicaban una ayuda del Estado adicional", lo que llevó a ejecutar la
operación "en el contexto de una resolución".
El organismo regulador recordó que de ser declarada ilegal la
inyección de fondos públicos recibida por el Banif, se hubiera creado
"una gravísima insuficiencia de capital".
Además, de no haberse ejecutado la venta inmediatamente, la delicada
situación de liquidez del Banif, que "sufrió una degradación muy
acelerada en los últimos días", habría puesto en riesgo "la manutención
del flujo normal de pagos y la satisfacción de sus responsabilidades con
los clientes".
El primer ministro portugués, el socialista António Costa, se dirigió
en una declaración televisada al país para explicar los detalles de
esta operación, que en sus propias palabras tendrá "un coste muy elevado
para los contribuyentes".
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