Esta nueva normativa es la reducción del período de pago de las empresas a un máximo de 30 días, en contraposición a los 60 días establecidos anteriormente.
El Reglamento establece que cada Estado miembro designará una autoridad responsable de garantizar el cumplimiento de los plazos de pago. Estas autoridades podrán imponer multas, sanciones y medidas cautelares a los infractores, además de realizar inspecciones sin previo aviso.
Otro de los puntos más destacados es la compensación por los costes de recuperación, el deudor deberá abonar una cantidad fija de 50 euros por cada transacción comercial cuando se devenguen intereses de demora.
La morosidad no solo obstaculiza la competitividad, sino que también aumenta la incertidumbre y reduce la participación de las pymes en la contratación pública. Además, aumenta las necesidades de capital circulante, los costos debido al tiempo invertido en perseguir a los deudores y los costos de financiación.
El Reglamento también establece prácticas contractuales ilegales, como fijar plazos de pago que infringen la ley, limitar los derechos del acreedor o retrasar intencionadamente el envío de la factura. Estas prácticas serán nulas y sin efecto.
La iniciativa de la Comisión Europea permitirá que el pago de tasas compensatorias e intereses sea legalmente automático en caso de morosidad y facilitará el acceso a una reparación efectiva a través de la mediación, lo que se espera que reduzca significativamente los costos de litigio.
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