BRASILIA.- Una de las grandes promesas de campaña del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, empezó a caminar esta semana: la reforma de pensiones.
El mandatario presentó ante el Congreso su polémica propuesta,
considerada para el gobierno, una de las claves de su gestión y para el
crecimiento de la economía del país. “Contamos con su compromiso para
salvar a Brasil económicamente. No tenemos otra salida”, dijo el
ultraderechista a los parlamentarios.
El ministro de Economía y Hacienda, Paulo Guedes,
aseguró que este proyecto proyecto ahorrar en la próxima década 1,16
billones de reales (unos 300.000 millones de dólares), que reducirían
considerablemente un creciente déficit fiscal que, en parte, se atribuye
al "colapso" del sistema de pensiones. De hecho, Bolsonaro advirtió
que, sin un nuevo régimen de jubilaciones, “Brasil quebrará en 2022 o
2023”.
De hecho, en 2017, los gastos por jubilaciones
representaron un 13,64% del PIB brasileño –en España llegan al 12%– y,
si no hay cambios, se estima que en 2060 podrían alcanzar el 23%. "Si no
nos comprometemos con este proyecto ahora, empezaremos a comprometer
negativamente a las próximas generaciones. Si no se aprueba la reforma
como está ahora, no lograremos que las futuras generaciones huyan de la
trampa del déficit", dijo Guedes, quien fue discípulo de la Escuela de
Chicago y sus tesis neoliberales.
La reforma planteada por Guedes y Bolsonaro bebe mucho del actual modelo chileno de capitalización individual, una fórmula que supuso la privatización del sistema de pensiones y que se implementó durante la dictadura de Augusto Pinochet.
A finales del año pasado, Eduardo Bolsonaro, diputado
e hijo del presidente, en un viaje a Chile elogió el modelo y ya
expresó que sería un ejemplo para la reforma que el gobierno de su país
acaba de presentar: "Aquí tienen un muy buen sistema que desde los
ochenta es la base para que su economía crezca", dijo entonces el
parlamentario.
Entre las medidas principales que propone la reforma
están establecer la edad mínima para acceder a la jubilación, un
requisito actualmente inexistente en Brasil, y que sería de 62 años para
las mujeres y 65 años para los hombres; y registrar 40 años cotizados para recibir el beneficio completo.
Según la ley brasileña, hoy las pensiones se calculan
en función del tiempo cotizado, que va de un mínimo de 15 años a un
máximo de 35. La pensión aumenta a medida que se acumulan años de
contribución hasta un límite de 5.840 reales mensuales, unos 1.370
euros, el equivalente a casi seis salarios mínimos.
Al margen de este nuevo modelo quedarán trabajadores
rurales, profesores, policías y miembros de las Fuerzas Armadas. Los
tres primeros quedarán igualmente sujetos a un tiempo mínimo cotizado y a
una edad mínima para jubilar, mientras que los militares dispondrán de
un plan especial. En Chile, precisamente los uniformados fueron los
únicos que pudieron mantener sus pensiones dentro del sistema de
reparto solidario. Por eso, su pensión promedia es casi 12 veces mayor
que la pensión promedia de un civil.
Según Guedes, por ahora, el sistema seguirá siendo de
reparto, pero éste convivirá con un nuevo sistema de capitalización
individual que será optativo para quienes ya están en el mercado laboral
y que, tras una transición de 12 años, será adoptado por los nuevos
trabajadores.
La propuesta del bolsonarismo ha sido duramente
criticada por los sindicatos, el Partido de los Trabajadores (PT) y los
partidos de izquierda del país, que la consideran una fórmula
"perversa" y que "atenta contra los derechos adquiridos por los
trabajadores".
Un documento elaborado el año pasado por el Centro
Internacional para la Gestión de Pensiones (ICPM, por sus siglas en
inglés), una red mundial de organizaciones que trabaja e investiga sobre
el diseño y gestión de pensiones, establece cuatro razones por las
cuales el modelo chileno no puede resolver la crisis que ha generado su
sistema de pensiones: los trabajadores sólo destinan el 10% de su salario para la jubilación;
la poca frecuencia en la cotización debido a la inestabilidad del
mercado de trabajo, en especial en el caso de las mujeres; la caída de
las tasas de retorno, que ya no son del 8%, sino de 4%; y que el sistema
no se ocupa de aquellos trabajadores y trabajadoras que no pueden
cotizar.
Andras Uthoff, economista chileno y ex asesor
regional de la OIT y de otras organizaciones internacionales, es
partidario de no imitar el modelo ideado desde Santiago, al que le resta
credibilidad por haber sido impulsado por el pinochetismo.
En su
opinión, a Brasil le conviene más mantener el sistema de reparto
solidario tripartito (con fondos del empleador, el trabajador y el
Estado) y complementarlo de forma voluntaria, para el que quiere ahorrar
más, con un sistema de capitalización individual.
El experto plantea que el sistema brasileño “ha sido
tradicionalmente evaluado como un sistema generoso, en tanto que ha
permitido retiros de gente a muy temprana edad y eso para cualquier
sistema de pensiones es bastante pesado en materia financiera”.
Por eso,
subraya las dificultades que plantea hacer una transición de 12 años
hacia un modelo exclusivo de capitalización individual sin abordar que
el Estado necesitará recursos para pagar pensiones cuando se acabe el
reparto solidario.
Uthoff recuerda que en Chile eso supuso una deuda
del sistema con los afiliados de 1,3 veces el PIB y que la dictadura de
Pinochet lo subsanó gracias a los recortes en educación, salud y
vivienda aplicados en los 80.
“Hacer algo así en democracia es muy
difícil. Aquí se hizo en dictadura, cuando había unas condiciones muy
especiales que lo permitieron”. Además, asegura que “ese costo será
tremendamente alto en Brasil y va a ser lo que les va a impedir hacer la
capitalización (del sistema de pensiones)”.
En Chile, el actual modelo de pensiones fue
impulsado en 1980 por el entonces ministro de Trabajo y Previsión
Social, José Piñera, hermano del actual presidente, Sebastián Piñera. Un
año después, y en plena dictadura, se inició el tránsito del sistema de
reparto solidario al de capitalización individual, que dejó en manos de
empresas privadas llamadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP)
los ahorros de los contribuyentes para invertirlos en productos
financieros (acciones, depósitos a plazos, pagarés, etc.).
Tras recibir esa inyección de recursos procedentes
de las cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras, el crecimiento
del mercado financiero fue notorio. “Se convirtió un instrumento social
como las pensiones en un instrumento de desarrollo financiero”, critica
Uthoff.
Según él, esa reforma creó “un pequeño monstruo” que fue muy
valorado por los mercados internacionales y que permitió a Chile
recuperarse de la crisis de la deuda latinoamericana de los años 80. Una
recuperación que se presentó al mundo como “el milagro chileno” y que
el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) mostraron
como ejemplo a seguir en la región.
Ambos organismos exigieron a los
países latinoamericanos aplicar esa reforma previsional como requisito de acceso a los programas de ajuste de la deuda.
Sin embargo, para países como Argentina, Uruguay o
Brasil el coste de ese cambio de modelo era tan alto que nunca pudieron
aplicarlo. Mientras los dos primeros evolucionaron hacia un sistema
mixto en que el trabajador cotiza una parte en un fondo de reparto y
otra a cuentas individuales de capitalización, Brasil mantuvo un sistema
de reparto solidario que ahora quiere modificar mirando hacia Chile.
Sin embargo, la realidad que ha dejado el sistema de las AFP en el país
vecino es que el 80% de los pensionados cobran menos que el salario
mínimo (unos 390 euro) y que el 44% está por debajo de la línea de
pobreza.
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