WASHINGTON.- Lejos
de abordar el control de armas o el problema migratorio, el Senado de
EEUU ha dejado a un lado el debate social para centrarse en la agenda
política del presidente Donald Trump, en esta ocasión una ley que socava
los pilares de la reforma financiera de su antecesor, Barack Obama.
La
Cámara Alta estadounidense debatirá y votará a lo largo de esta semana
un texto legislativo que revoque los principios de la reforma conocida
como Ley Dodd-Frank, aunque se enfrentará al arduo examen de cerca de un
centenar de enmiendas provenientes tanto de demócratas como de
republicanos.
Pese
a las muchas alternativas y disposiciones que pueden delinear el
contenido final del texto, se espera que la medida sea aprobada con
apoyo bipartidista a pesar de la oposición de los demócratas más
progresistas, muy reticentes a acabar con la reforma que permitió un
mayor control del sector financiero.
La
ley, planteada tras la aguda crisis financiera de 2008, reforzaba las
exigencias de capital de respaldo a los bancos, les obligaba a llevar a
cabo test de resistencia anuales para mostrar su fortaleza y prohibía a
las instituciones financieras dedicarse a actividades de alto riesgo con
el dinero de sus clientes.
Pese
a que los expertos han reconocido la contribución de la reforma a la
recuperación del país, Trump ha calificado la Dodd-Frank como un
"desastre", ya que a su juicio supone un freno al acceso al crédito y,
por ende, a la expansión económica y ha prometido en numerosas ocasiones
revocarla, para lo cual ya ha dado pasos limitados a través de órdenes
ejecutivas.
No
obstante, el mandatario necesita el respaldo legislativo para revocar
algunos de sus principales ejes, como la prohibición de determinadas
prácticas de inversión de alto riesgo y elevar las exigencias de capital
mínimo de las instituciones.
Los
demócratas más críticos con el proyecto de ley han sido los más
prolijos en la presentación de enmiendas, con el objetivo de limitar el
número de bancos que se beneficiarían de la relajación de las
condiciones, argumentando que esto podría causar otra crisis financiera.
El
Senado también debe considerar una enmienda sustituta ofrecida por el
presidente del Comité Bancario del Senado, el republicano Mike Crapo,
que ampliaría el alcance del proyecto de ley.
La
propuesta de Crapo agrega varias protecciones al consumidor que buscan
los demócratas, mientras que alivia las leyes de inversión para
conciliar con sus colegas conservadores.
Los
republicanos de la Cámara de Representantes, que deberían después
aprobar la legislación, han manifestado su interés en que la ley amplíe
las opciones de financiación para los empresarios, junto con medidas
para proteger a los veteranos militares del fraude y crear nuevas ayudas
para los préstamos estudiantiles.
El
proyecto del presidente del Comité Bancario también elimina algunas de
las partes más controvertidas del proyecto de ley original, lo que
podría permitir que se establecieran reglas más estrictas para los
bancos más grandes.
Con
esas condiciones, los aires sobre un posible consenso soplan en el
Senado, pero el presidente del Comité de Servicios Financieros de la
Cámara de Representantes, el republicano Jeb Hensarling, ha advertido
que de momento el texto de Crapo no convence a los conservadores de la
Cámara Baja.
Allí,
los congresistas republicanos están presionando para que el Senado
incluya varias decenas de enmiendas que obtuvieron el visto bueno de ese
comité con apoyo bipartidista.
"Esperamos
que logren un proyecto de ley que llegue al escritorio del presidente",
dijo Hensarling, insistiendo en que el proyecto de ley del Senado de
momento no refleja la voluntad de la Cámara.
La
coalición de republicanos y demócratas que respalda el proyecto de ley
del Senado expresó su preocupación por los cambios adicionales exigidos
por Hensarling.
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