ATENAS.- Ni un euro del
dinero abonado en los sucesivos rescates a Grecia por parte de la
llamada troika de acreedores fue a parar al presupuesto griego, según un
análisis publicado hoy por el portal económico heleno Capital.gr.
De acuerdo a este cálculo, los 234.700 millones de euros percibidos
por Grecia desde el primer rescate, en 2010, fueron a parar íntegramente
al pago de la deuda, cifra que contrasta ligeramente a la que ofreció
el diario alemán Handesblatt a principios de mayo, según la que el 95 %
del dinero fue a parar a obligaciones con los acreedores y un 5% a los
presupuestos.
Según este cálculo, Grecia pagó en estos cinco años 240.000 millones
de euros entre amortización de deuda (136.881 millones), intereses de la
misma (58.619 millones) y recapitalización de los bancos (45.000
millones).
Esto significa que el Gobierno heleno tuvo que aumentar el déficit en
5.300 millones en cinco años para hacer frente a estas obligaciones.
La deuda griega, cuyo alivio es uno de los grandes caballos de
batalla del Gobierno griego desde la anterior legislatura, asciende en
estos momentos a 311.452 millones de euros, lo que supone un 180 % de su
PIB.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ya ha pedido un "alivio
incondicional y por adelantado" de la deuda de Grecia para garantizar
que el programa de rescate financiero al país es "sostenible".
El FMI afirma que es necesario el retraso en los plazos de
vencimiento en el pago de la deuda hasta al menos 2040, y establecer los
intereses a un tipo fijo de 1,5 % por 30 años.
Con ello la deuda descendería progresivamente hasta un 174 % en 2020 y
el 167 % en 2022. De no aplicarse este alivio, podría dispararse hasta
el 250 % en 2060.
Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona tratarán hoy en
el Eurogrupo de dar luz verde a la primera revisión del tercer rescate a
Grecia para liberar hasta 11.000 millones de euros y de alcanzar, o
cuanto menos avanzar, hacia un acuerdo político sobre el alivio de la
deuda helena.
El Parlamento griego aprobó el domingo la "ley escoba" con la que el
Gobierno de Alexis Tsipras quiere persuadir a los socios del euro de que
cierren la primera revisión.
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