TOKIO.- El Gobierno nipón
planea poner en marcha un sistema de ayudas a los agricultores para
compensar la previsible caída de sus ingresos debido a la futura
aplicación del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), informó hoy la
agencia local Kyodo.
En virtud del pacto comercial suscrito por Japón y otros 11 países,
el país asiático retirará los aranceles del 30 por ciento de productos
del campo que habían estado protegidos durante décadas, lo que prevé
genere un impacto negativo en el sector de la competencia exterior.
Un total de 174 de los 586 productos incluidos dentro en las cinco
categorías que tradicionalmente se han blindado de la competencia
exterior -arroz, trigo, carne vacuna y porcina, lácteos y azúcar-
quedarán exentos de impuestos aduaneros con el tratado.
Para compensar el efecto del TPP, el gobernante Partido Liberal
Demócrata (PLD) que lidera el primer ministro Shinzo Abe ha diseñado un
sistema de subvenciones destinado a garantizar que los agricultores
mantienen entre el 80 y el 90 por ciento de sus rentas anuales.
Esta medida se incluirá dentro de un plan de apoyo al sector agrícola
que el PLD aprobará hacia finales de mes, y que también incluirá
iniciativas para promover la innovación en la producción agropecuaria y
su expansión a otros mercados, dijeron fuentes gubernamentales a la
agencia local Kyodo.
El Gobierno prevé aprobar el paquete de medidas en 2017, y se haría
cargo de la mitad del coste del programa, mientras que la otra mitad
correspondería a las autoridades locales y entidades financieras.
Tras el acuerdo sobre el TPP alcanzado a comienzos de octubre, Abe
afirmó que el Gobierno logró un "éxito" a la hora de dejar fuera los
llamados "productos sensibles" de las exenciones arancelarias, tal y
como prometió cuando Japón se unió a las conversaciones del pacto
comercial en 2013.
Además de Japón, otros 11 países -Malasia, Singapur, Vietnam, Brunei,
EE.UU., Canadá, México, Perú, Chile, Australia y Nueva Zelanda-
lograron un acuerdo el pasado 6 de octubre para la firma del TPP, que
aún debe ser refrendado en el parlamento de cada uno de los Estados para
entrar en vigor.
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