La reunión del viernes es parte de una serie de encuentros con líderes de la oposición, sindicatos y empresarios convocados por la presidenta Cristina Fernández tras la derrota del oficialismo en las recientes elecciones legislativas en las que perdió la mayoría en el Congreso, lo que la forzó a adoptar el diálogo político, ausente hasta ahora tanto de su gestión como la de su esposo y antecesor Néstor Kirchner (2003-2007).
Las organizaciones rurales adjudican el desgaste político de la presidenta al prolongado conflicto que en 2008 mantuvieron en rechazo al aumento de los gravámenes a la exportación de granos (retenciones).
Además de subsidios a la producción lechera y mayor flexibilidad en la exportación de carne, durante el encuentro con el jefe de gabinete Aníbal Fernández las entidades defenderán su proyecto de ley, que elimina las retenciones al maíz, trigo y girasol y reduce en 10 puntos porcentuales el gravamen a la soja --que pasaría del 35% actual al 25%--, explicó a AP Javier Jayo Ordoqui, secretario de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).
El gravamen a la soja --principal cultivo del país-- se aplicará en forma segmentada según el volumen de producción. Los productores cuya cosecha rinda menos de 700 toneladas estarán exentos del pago del impuesto, los que produzcan entre 700 y 1.500 toneladas computarán las retenciones como pago a cuenta del impuesto a las ganancias y quienes superen las 1.500 toneladas tributarán el 25%, agregó.
El proyecto "también da un plazo de cinco años para ir bajando gradualmente las retenciones a la soja hasta llevarlas a cero", dijo Jayo Ordoqui.
Según las entidades, el costo fiscal alcanzaría los 2.000 millones de dólares anuales. Para algunos analistas privados, el Estado dejaría de recaudar 3.000 millones.
Esa es la clave de la cuestión: el gobierno cerrará 2009 con un déficit fiscal total de unos 1.571 millones de dólares tras alcanzar en 2008 un superávit cercano a los 3.665 millones de dólares, estimó Fausto Spotorno, analista de la consultora privada Orlando Ferreres y Asociados.
El año pasado los ingresos por retenciones al sector agropecuario totalizaron 5.909 millones de dólares. Pero la fuerte merma en la producción de granos como consecuencia de la sequía que afectó al país entre 2008 y 2009 --la peor en tres décadas-- y la incertidumbre que provocó el conflicto con el gobierno, que hizo que buena parte de los productores se abstuvieran de sembrar, reduciría en un 40% el ingreso por retenciones, añadió Spotorno.
De acuerdo con las últimas estimaciones de la Bolsa de Cereales, la cosecha de maíz cayó un 43%, la de soja un 31% y la de girasol un 35% en comparación con la campaña 2007/2008. En tanto, el área sembrada con trigo es un 63% inferior.
A ello se suma la caída en el precio internacional de los granos desde la campaña anterior y el alza en el precio de los fertilizantes.
Aunque el jefe de gabinete aseguró esta semana que para la reunión "no me ha puesto ningún límite la señora presidenta", la delicada situación fiscal hace difícil prever que el gobierno acepte reducir las retenciones en un año con vencimientos de deuda por unos 24.000 millones de dólares.
Si es improbable desde el punto de vista fiscal, también lo es desde el político: durante la disputa con el campo la mandataria mantuvo su intransigencia sobre las retenciones. "Las retenciones no se tocan", repetían sus ministros.
"El gobierno no parece dispuesto a realizar ninguna concesión sustancial frente al campo... No hay margen para un acuerdo, a lo sumo para una tregua", dijo el analista político Rosendo Fraga.
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