No fueron revelados de inmediato los votos a favor y en contra de la iniciativa.
El diputado Luis Díaz, disidente del oficialismo, lamentó la aprobación. Adujo que era un "error gravísimo" por cuando el país carecía de la capacidad tecnológica, entre otras fallas.
En un discurso transmitido por televisión, la presidenta de la Asamblea Nacional, la diputada oficialista Cilia Flores, afirmó que la mayoría de la Asamblea Nacional había aprobado y sancionado la nueva regulación, en segunda discusión, y que en breve sería enviada al Ejecutivo para su promulgación.
La nueva ley declara de "interés público y social las obras, bienes y servicios conexos para la realización de las actividades primarias" de hidrocarburos, y le reserva al Estado las operaciones de "inyección de agua, de vapor o de gas" a los yacimientos.
De igual forma quedaron bajo control estatal las actividades del Lago de Maracaibo, tales como "lanchas para el transporte de personal, buzos y mantenimiento; de barcazas con grúas para transporte de materiales, diesel, agua industrial y otros insumos; de remolcadores; de gabarras planas,...reemplazo de tuberías y cables subacuáticos; de mantenimiento de buques en talleres, muelles y diques", según refieren el texto de la ley.
La legislación prevé que luego de su entrada en vigencia, la corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) o la filial que ésta designe, "tomará posesión de los bienes y control de las operaciones referidas a las actividades reservadas".
Asimismo se facultó al Ejecutivo para "decretar la expropiación, total o parcial de las acciones o bienes" de las empresas afectadas por la ley.
El diputado oficialista Angel Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía de la Asamblea Nacional, alabó la aprobación de la ley, y dijo, al final del debate, que la nueva regulación permitirá "profundizar la soberanía del Estado venezolano" en sector petrolero.
En cambio, el diputado Díaz, afirmó: "Lamentablemente creo que cometimos un error gravísimo aprobando esta ley porque nosotros no tenemos ni la capacidad tecnológica ni producimos los agregados que se requiere para inyección de gas, ni inyección de agua, ni inyección de crudos diluidos".
El congresista agregó que esta nueva regulación tendrá graves consecuencias para la industria petrolera, que es el corazón económico del país, debido a que "muchos pozos de Venezuela van a tener dificultades".
El presidente Hugo Chávez dijo en marzo pasado que su gobierno crearía "empresas sustitutas" en el sector petrolero para eliminar los "intermediarios" privados.
El anuncio de Chávez surgió en medio de algunos problemas de demora en los pagos que ha tenido PDVSA desde el año pasado con contratistas locales y extranjeras, que ha llevado a algunas como las estadounidenses Helmerich y Payne (H&P) y Ensco a suspender operaciones.
H&P, que tiene su sede en Oklahoma, informó en enero, en la presentación de su informe trimestral, que PDVSA le debía casi "100 millones de dólares".
Asimismo Ensco dijo en un comunicado que suspendió las operaciones de perforación en Venezuela porque le deben 35 millones de dólares.
La corporación estadounidense Williams Companies Inc. anunció a finales del mes pasado que tendría que asumir un cargo de 241 millones de dólares por sus operaciones en Venezuela, y reclamó a PDVSA el pago de la deuda.
Chávez inició hace dos años un proceso masivo de nacionalizaciones que implicó la toma de las cuatro asociaciones petroleras de la Faja del Orinoco, y algunas empresas de los sectores de telecomunicaciones, cementero, siderúrgico, y bancario.
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