MADRID.- El vicepresidente segundo del Gobierno español y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, rechazó hoy de nuevo la posibilidad de reducir la fiscalidad que soporta el petróleo, al tiempo que consideró "poco probable" que los precios del crudo regresen a los niveles de años anteriores.
Solbes aseguró que una reducción de la fiscalidad "no tiene sentido" porque sólo serviría para producir un incremento de la demanda, pero en ningún caso conseguiría reducir el precio del petróleo y el precio final de los carburantes.
"Estoy radicalmente en contra de reducir la fiscalidad", señaló Solbes tras insistir en que los ciudadanos tienen que asumir el incremento de los precios del petróleo y de la energía porque se trata de un "problema global e inevitable" al que "hay que hacer frente".
Según el vicepresidente económico la "situación teórica" no es tan diferente a la de otros años, ya que los niveles de oferta y demanda de petróleo son más o menos los mismos, aunque reconoció que los precios se han duplicado en el último año y descartó el posible retorno de los mismos a los niveles del pasado.
A pesar de todo, Solbes descartó que el "excepcional" repunte de los precios del crudo sea consecuencia de prácticas especulativas con la materia prima, aunque admitió que el petróleo se ha podido utilizar como "valor refugio" en un periodo de desaceleración mundial.
Por otra parte, anunció que el Gobierno realizará una trasposición "rápida y ambiciosa" de la directiva europea de servicios para "maximizar" su impacto económico y mitigar la aportación del sector al diferencial de inflación que España mantiene con la zona Euro.
Solbes señaló que el borrador de la Ley de acceso y ejercicio de actividades de servicios "está muy avanzado" y que, "si es posible", el texto tratará de ir "más allá" de lo requerido por la norma comunitaria.
Según Solbes, la tasa de inflación de los servicios supera "sistemáticamente" la de sectores como la industria, lo que contribuye "de forma determinante" al diferencial que España mantiene con el resto de la Unión Económica y Monetaria, y que el ministro cifró "grosso modo" en un punto porcentual.
Para el titular de Economía y Hacienda, la nueva legislación permitirá pasar de un sistema administrativo "basado en el control previo" a otro basado en el "control a posteriori", lo que significará "un mayor esfuerzo de adaptación", aunque, al mismo tiempo, permitirá ganar una mayor eficiencia respecto al resto de países.
El titular de Economía y Hacienda reconoció que esta reforma constituye un trabajo "de alta cirugía", porque habrá procesos en los que tenga que mantenerse la autorización previa, aunque aseguró que eso se dará "única y exclusivamente" en casos "totalmente justificados".
En concreto, explicó que esta directiva "contribuirá a la simplificación administrativa" y obligará a los prestadores de servicios a actuar "con mayor transparencia" y proporcionando más información. Además, indicó que reforzará la protección de los consumidores y mejorará la calidad de los servicios.
Según Solbes, se han identificado 7.000 procedimientos o normas, tanto nacionales como autonómicas, que podrían verse afectadas por la nueva legislación, entre las que se encuentran 80 leyes estatales y 370 reales decretos.
En general, Solbes aseguró que la directiva europea permitirá reducir "enormemente" los trámites en la creación de empresas, lo que aumentará la capacidad para actuar más rápidamente e impulsará la creación de empleo.
Como complemento a la nueva normativa, Solbes anunció la implementación de medidas "para modernizar" los servicios profesionales, entre las que citó la renovación de las normas que sean "potencialmente restrictivas" de la actividad y el aumento de la transparencia de los colegios profesionales.
Finalmente, el ministro de Economía y Hacienda consideró "especialmente oportuna" esta propuesta tras la reforma de los títulos universitarios y aseguró que garantizará que los nuevos profesionales se encuentren en un "entorno favorable" para el desarrollo de su actividad.
Solbes aseguró que una reducción de la fiscalidad "no tiene sentido" porque sólo serviría para producir un incremento de la demanda, pero en ningún caso conseguiría reducir el precio del petróleo y el precio final de los carburantes.
"Estoy radicalmente en contra de reducir la fiscalidad", señaló Solbes tras insistir en que los ciudadanos tienen que asumir el incremento de los precios del petróleo y de la energía porque se trata de un "problema global e inevitable" al que "hay que hacer frente".
Según el vicepresidente económico la "situación teórica" no es tan diferente a la de otros años, ya que los niveles de oferta y demanda de petróleo son más o menos los mismos, aunque reconoció que los precios se han duplicado en el último año y descartó el posible retorno de los mismos a los niveles del pasado.
A pesar de todo, Solbes descartó que el "excepcional" repunte de los precios del crudo sea consecuencia de prácticas especulativas con la materia prima, aunque admitió que el petróleo se ha podido utilizar como "valor refugio" en un periodo de desaceleración mundial.
Por otra parte, anunció que el Gobierno realizará una trasposición "rápida y ambiciosa" de la directiva europea de servicios para "maximizar" su impacto económico y mitigar la aportación del sector al diferencial de inflación que España mantiene con la zona Euro.
Solbes señaló que el borrador de la Ley de acceso y ejercicio de actividades de servicios "está muy avanzado" y que, "si es posible", el texto tratará de ir "más allá" de lo requerido por la norma comunitaria.
Según Solbes, la tasa de inflación de los servicios supera "sistemáticamente" la de sectores como la industria, lo que contribuye "de forma determinante" al diferencial que España mantiene con el resto de la Unión Económica y Monetaria, y que el ministro cifró "grosso modo" en un punto porcentual.
Para el titular de Economía y Hacienda, la nueva legislación permitirá pasar de un sistema administrativo "basado en el control previo" a otro basado en el "control a posteriori", lo que significará "un mayor esfuerzo de adaptación", aunque, al mismo tiempo, permitirá ganar una mayor eficiencia respecto al resto de países.
El titular de Economía y Hacienda reconoció que esta reforma constituye un trabajo "de alta cirugía", porque habrá procesos en los que tenga que mantenerse la autorización previa, aunque aseguró que eso se dará "única y exclusivamente" en casos "totalmente justificados".
En concreto, explicó que esta directiva "contribuirá a la simplificación administrativa" y obligará a los prestadores de servicios a actuar "con mayor transparencia" y proporcionando más información. Además, indicó que reforzará la protección de los consumidores y mejorará la calidad de los servicios.
Según Solbes, se han identificado 7.000 procedimientos o normas, tanto nacionales como autonómicas, que podrían verse afectadas por la nueva legislación, entre las que se encuentran 80 leyes estatales y 370 reales decretos.
En general, Solbes aseguró que la directiva europea permitirá reducir "enormemente" los trámites en la creación de empresas, lo que aumentará la capacidad para actuar más rápidamente e impulsará la creación de empleo.
Como complemento a la nueva normativa, Solbes anunció la implementación de medidas "para modernizar" los servicios profesionales, entre las que citó la renovación de las normas que sean "potencialmente restrictivas" de la actividad y el aumento de la transparencia de los colegios profesionales.
Finalmente, el ministro de Economía y Hacienda consideró "especialmente oportuna" esta propuesta tras la reforma de los títulos universitarios y aseguró que garantizará que los nuevos profesionales se encuentren en un "entorno favorable" para el desarrollo de su actividad.
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