MADRID.- Los promotores españoles advirtieron el miércoles que necesitan dar salida al medio millón de viviendas que tienen en stock para continuar con su actividad y propusieron al Estado un paquete de medidas temporales para favorecer la compra, haciendo especial hincapié en la vivienda protegida.
"Tenemos unas 500.000 viviendas en stock. Si no vendemos ese stock, no podemos construir", dijo Guillermo Chicote, presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE).
El empresario señaló que el inicio de construcción de viviendas había caído un 20 por ciento desde el comienzo del año y que probablemente ronde las 250.000 unidades al cierre del ejercicio, frente a las 700.000 iniciadas en 2007.
Además, precisó que las operaciones de venta habían bajado un 60 por ciento desde el pasado mes de septiembre.
A pesar de que afirmó que los precios de la vivienda se mantendrían en los niveles actuales - subiendo ligeramente por debajo de la inflación - Chicote admitió que los promotores también deberán "hacer sacrificios" para equilibrar una oferta exagerada y una demanda cada vez más estancada.
"Habrá que acercar posturas para que se puedan casar operaciones", dijo. "Las empresas que bajarán más (los precios) serán las que tengan más dificultades financieras".
En los últimos meses, diversas empresas del sector han tenido que solicitar situación concursal (antigua suspensión de pagos) por falta de liquidez en un entorno de estrechez crediticia y ausencia de ventas.
Para reactivar las operaciones, la asociación propuso crear un nuevo modelo de vivienda protegida a caballo entre la libre y la concertada. En la práctica, el objetivo es que viviendas construidas como libres puedan venderse con facilidades de protegidas - el interés de su hipoteca estaría congelado, al mismo nivel que la VPO, durante los cinco primeros años -, pero con un precio superior a éstas.
Además, el Gobierno debería incentivar a los potenciales compradores ampliando las deducciones fiscales por la compra de vivienda - tanto primera como segunda - y aplicándolas cada mes vía pagador.
En un contexto de crisis en el sector, muchas promotoras ya han vuelto los ojos hacia el mercado de la protección oficial - uno de los pilares de la política de vivienda del Gobierno, que planea construir 150.000 -, que en épocas de 'boom' pasaban por alto al arrojar unos márgenes más reducidos.
APCE señaló en sus propuestas la necesidad de aumentar su atractivo, tanto para promotores como para compradores, para lo que el Gobierno debería, entre otras medidas, elevar su precio y facilitar el paso de vivienda protegida a libre, eliminando el plazo de espera - actualmente fijado en un año - para vender una casa protegida en el mercado de segunda mano.
Para que se pueda cumplir su objetivo de construcción de VPO, APCE urgió al Gobierno a aumentar la enajenación de suelo público y a mejorar las condiciones para financiar su urbanización.
La asociación calificó las medidas propuestas por el Gobierno la semana pasada como "necesarias, pero insuficientes", y recordó el peso del sector constructor e inmobiliario, cuya crisis ya se está dejando sentir en la economía.
"Si nosotros no vendemos, Hacienda no ingresa impuestos y el INEM (Instituto Nacional de Empleo) tendrá que pagar a más parados", afirmó.
"Tenemos unas 500.000 viviendas en stock. Si no vendemos ese stock, no podemos construir", dijo Guillermo Chicote, presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE).
El empresario señaló que el inicio de construcción de viviendas había caído un 20 por ciento desde el comienzo del año y que probablemente ronde las 250.000 unidades al cierre del ejercicio, frente a las 700.000 iniciadas en 2007.
Además, precisó que las operaciones de venta habían bajado un 60 por ciento desde el pasado mes de septiembre.
A pesar de que afirmó que los precios de la vivienda se mantendrían en los niveles actuales - subiendo ligeramente por debajo de la inflación - Chicote admitió que los promotores también deberán "hacer sacrificios" para equilibrar una oferta exagerada y una demanda cada vez más estancada.
"Habrá que acercar posturas para que se puedan casar operaciones", dijo. "Las empresas que bajarán más (los precios) serán las que tengan más dificultades financieras".
En los últimos meses, diversas empresas del sector han tenido que solicitar situación concursal (antigua suspensión de pagos) por falta de liquidez en un entorno de estrechez crediticia y ausencia de ventas.
Para reactivar las operaciones, la asociación propuso crear un nuevo modelo de vivienda protegida a caballo entre la libre y la concertada. En la práctica, el objetivo es que viviendas construidas como libres puedan venderse con facilidades de protegidas - el interés de su hipoteca estaría congelado, al mismo nivel que la VPO, durante los cinco primeros años -, pero con un precio superior a éstas.
Además, el Gobierno debería incentivar a los potenciales compradores ampliando las deducciones fiscales por la compra de vivienda - tanto primera como segunda - y aplicándolas cada mes vía pagador.
En un contexto de crisis en el sector, muchas promotoras ya han vuelto los ojos hacia el mercado de la protección oficial - uno de los pilares de la política de vivienda del Gobierno, que planea construir 150.000 -, que en épocas de 'boom' pasaban por alto al arrojar unos márgenes más reducidos.
APCE señaló en sus propuestas la necesidad de aumentar su atractivo, tanto para promotores como para compradores, para lo que el Gobierno debería, entre otras medidas, elevar su precio y facilitar el paso de vivienda protegida a libre, eliminando el plazo de espera - actualmente fijado en un año - para vender una casa protegida en el mercado de segunda mano.
Para que se pueda cumplir su objetivo de construcción de VPO, APCE urgió al Gobierno a aumentar la enajenación de suelo público y a mejorar las condiciones para financiar su urbanización.
La asociación calificó las medidas propuestas por el Gobierno la semana pasada como "necesarias, pero insuficientes", y recordó el peso del sector constructor e inmobiliario, cuya crisis ya se está dejando sentir en la economía.
"Si nosotros no vendemos, Hacienda no ingresa impuestos y el INEM (Instituto Nacional de Empleo) tendrá que pagar a más parados", afirmó.
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