Vivienda pide a la FEMP datos concretos sobre demanda y suelo disponible para construir VPO

MADRID.- La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, pidió hoy a los ayuntamientos una serie de informes con datos "concretos" sobre demanda social y suelo público disponible para cumplir con el compromiso de construir 150.000 viviendas protegidas al año, según señaló el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro. Paralelamente, el Ministerio impulsará la rehabilitación de los cascos históricos de las ciudades.

Castro se pronunció así en rueda de prensa conjunta en la sede del Ministerio tras un encuentro con la titular de Vivienda, en el que ésta no admitió preguntas, para analizar el cumplimiento de convenios anteriores y estudiar la ejecución de un plan de vivienda protegida por el que se construirán 150.000 nuevas viviendas al año.

El presidente de la FEMP y alcalde de la localidad madrileña de Getafe desgranó las "prioridades" que le trasladó la ministra y que pasan por la rehabilitación de cascos históricos y la construcción de vivienda protegida, para cuya puesta en marcha Corredor pidió a la FEMP la elaboración de informes con datos "concretos" sobre demanda "real" y suelo disponible.

"Tenemos estudios, pero la ministra nos ha pedido concreción", señaló Castro, quien se mostró seguro de que la demanda actual "supera ampliamente" la oferta prevista. No obstante, se comprometió a exigir a los ayuntamientos que recojan los datos solicitados para la elaboración de los estudios y se mostró satisfecho por que la ministra se muestre dispuesta a "liderar" el proyecto de vivienda una vez disponga de dichos informes.

Eso sí, Castro aprovechó la oportunidad para pedir a todas las administraciones implicadas que "trabajen en la misma dirección" para "tener éxito", y se dirigió especialmente a las comunidades autónomas. Señaló al respecto la necesidad de que los gobiernos autonómicos "agilicen" la aprobación de planes parciales de ordenación urbana porque, de lo contrario, el proyecto podría incluso llegar a "paralizarse".

En esta línea, arremetió contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid, a quien acusó de aumentar el precio de la vivienda pública hasta 30.000 euros para equipararlo "prácticamente" al precio de mercado. Para Castro, hay demanda social para vivienda pública de bajo coste y empresas dispuestas a construir a ese precio, por lo que pidió a las comunidades que "mantengan los módulos de vivienda protegida al precio que están".

Preguntado por plazos concretos en la ejecución del plan, Castro precisó que la FEMP y el Ministerio podrán "trabajar en paralelo", de forma que no hará falta esperar a la elaboración de los informes para la ejecución de las medidas previstas. Al respecto, dijo confiar en que la rehabilitación de cascos antiguos finalice en un año y aseguró que muchos ayuntamientos "ya han empezado" a construir vivienda.

Castro también respondió a una pregunta que iba dirigida a la ministra sobre si el proyecto de vivienda pública absorberá el desempleo previsto en la construcción por la desaceleración económica. "Seguro que sí", recalcó Castro, para quien el pleno empleo y la continuidad de la actividad económica "está asegurada" si Ministerio y ayuntamientos "son capaces" de construir las 150.000 viviendas.

En la reunión también se analizaron los pasos dados en la lucha contra el acoso inmobiliario a los ayuntamientos, asunto en el que Castro espera sumar nuevos consistorios y en el que consideró que "hay que pelear con todas nuestras fuerzas" y conocer las fórmulas jurídicas posibles. En su opinión, es esencial además hacer comprender a los ciudadanos que "no deben soportar la presión a la que muchas veces se ven sometidos".

Por su parte, la ministra de Vivienda, que se limitó a hacer una declaración inicial, aseguró que estudiará la posibilidad de "otorgar mayor representación" a la FEMP en la Conferencia Sectorial de Vivienda que convocará en los próximos días.

En este sentido, subrayó el papel de los ayuntamientos como "cómplice imprescindible" para llevar a cabo el Pacto Estatal por la Vivienda por tratarse de una administración "pegada al territorio y al ciudadano" y por conocer "de primera mano" los obstáculos que impiden agilizar la construcción de vivienda protegida y los procesos de rehabilitación de edificios.

Corredor subrayó la importancia de los consistorios dentro de las diferentes administraciones públicas con las que contará de cara a emprender ese acuerdo por la vivienda. Asimismo, citó a empresarios, sindicatos, asociaciones del sector, consumidores, colegios profesionales y colectivos ciudadanos como actores "implicados" con los que también se trabajará desde su departamento.

La ministra de Vivienda explicó que el primer encuentro con la FEMP ha servido para repasar y evaluar los acuerdos que los ayuntamientos ya habían firmado con sus predecesoras, María Antonia Trujillo y Carme Chacón, como el de prevención del acoso inmobiliario, el referente a las acciones informativas sobre Renta Básica de Emancipación o la colaboración de la Entidad Pública Empresarial de Suelo SEPES con los propios consistorios para la construcción de viviendas protegidas.