MADRID.- Las deducciones fiscales ofrecidas a las empresas españolas para la adquisición de compañías extranjeras no son una ayuda del Estado, dijo este miércoles el Ministerio de Economía, en respuesta a la apertura de una investigación de la Comisión Europea sobre el tema.
"Es el carácter selectivo lo que determina la ayuda de un Estado (...) El impuesto sobre sociedades no está armonizado en la Unión Europea, los países pueden elegir sus tasas y sus deducciones", declaró una portavoz del ministerio. El Gobierno español "ya expuso estos argumentos en unas vistas preliminares (a la apertura de la investigación) y volverá a hacerlo", añadió.
La Comisión Europea anunció este miércoles en un comunicado la apertura de una investigación contra España por las ayudas fiscales concedidas a las empresas españolas que compran compañías extranjeras, y que podrían ascender a cantidades multimillonarias.
Bruselas apunta a la denominada Ley del Impuesto sobre Sociedades, que permite a las empresas beneficiarse de deducciones fiscales cuando adquieren una participación en grupos no españoles. "A la Comisión le preocupa que el régimen confiera una ventaja a las empresas españolas a la hora de adquirir empresas extranjeras", señaló Bruselas, que teme que el régimen "incite el establecimiento en España de sociedades de cartera internacionales".
Las investigaciones de la Dirección General de Competencia se iniciaron tras varias preguntas de eurodiputados y denuncias formales por la compra de la compañía eléctrica escocesa Scottish Power por el grupo español Iberdrola.
Los cuestionamientos también abarcan otras grandes adquisiciones de empresas españolas en el extranjero, en concreto la del operador de telefonía móvil británico O2 por Telefónica, así como ofertas, como la de los grupos Sacyr, Albertis y Cintra, para la concesión de autopistas en Francia.
Estos beneficios fiscales han podido reportar a las compañías españolas unos ahorros multimillonarios en los últimos años. Se calcula que, por ejemplo, Iberdrola o Telefónica habrían podido desgravarse unos 1.000 millones de euros en sus recientes adquisiciones fuera de España.
El inicio de la investigación permite a los interesados formular observaciones sobre las medidas examinadas y no prejuzga la decisión definitiva de la Comisión. Si en la investigación se concluye que el régimen constituye una ayuda incompatible, el Estado español podría verse obligado a recuperar las ayudas concedidas ilegalmente.- (AFP)
"Es el carácter selectivo lo que determina la ayuda de un Estado (...) El impuesto sobre sociedades no está armonizado en la Unión Europea, los países pueden elegir sus tasas y sus deducciones", declaró una portavoz del ministerio. El Gobierno español "ya expuso estos argumentos en unas vistas preliminares (a la apertura de la investigación) y volverá a hacerlo", añadió.
La Comisión Europea anunció este miércoles en un comunicado la apertura de una investigación contra España por las ayudas fiscales concedidas a las empresas españolas que compran compañías extranjeras, y que podrían ascender a cantidades multimillonarias.
Bruselas apunta a la denominada Ley del Impuesto sobre Sociedades, que permite a las empresas beneficiarse de deducciones fiscales cuando adquieren una participación en grupos no españoles. "A la Comisión le preocupa que el régimen confiera una ventaja a las empresas españolas a la hora de adquirir empresas extranjeras", señaló Bruselas, que teme que el régimen "incite el establecimiento en España de sociedades de cartera internacionales".
Las investigaciones de la Dirección General de Competencia se iniciaron tras varias preguntas de eurodiputados y denuncias formales por la compra de la compañía eléctrica escocesa Scottish Power por el grupo español Iberdrola.
Los cuestionamientos también abarcan otras grandes adquisiciones de empresas españolas en el extranjero, en concreto la del operador de telefonía móvil británico O2 por Telefónica, así como ofertas, como la de los grupos Sacyr, Albertis y Cintra, para la concesión de autopistas en Francia.
Estos beneficios fiscales han podido reportar a las compañías españolas unos ahorros multimillonarios en los últimos años. Se calcula que, por ejemplo, Iberdrola o Telefónica habrían podido desgravarse unos 1.000 millones de euros en sus recientes adquisiciones fuera de España.
El inicio de la investigación permite a los interesados formular observaciones sobre las medidas examinadas y no prejuzga la decisión definitiva de la Comisión. Si en la investigación se concluye que el régimen constituye una ayuda incompatible, el Estado español podría verse obligado a recuperar las ayudas concedidas ilegalmente.- (AFP)
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