GINEBRA.-En total, 36 países, entre ellos los 28 miembros de la UE en bloque,
secundaron anoche una condena sin precedentes –la primera desde que se
estableció este organismo en el 2006– contra la deriva autoritaria del
régimen de Arabia Saudí en el Consejo de los Derechos Humanos
de la ONU.
En
la declaración, impulsada por Islandia, los firmantes
exigen una investigación “rápida, profunda, imparcial y transparente”
del asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí de
Estambul, en octubre pasado. Su cuerpo aún no ha aparecido.
También piden la libertad de las activistas feministas
y otros defensores de los derechos humanos encarcelados en una oleada
represiva.
“Estamos especialmente preocupados por el uso de la ley
antiterrorista y otras normativas de seguridad nacional contra
individuos que ejercen pacíficamente sus derechos y libertades”, subraya
el texto, leído por el embajador islandés ante la ONU en Ginebra,
Harald Aspelund.
Además de Islandia, ha sido secundado por los
Veintiocho más Australia, Canadá, Liechtenstein, Mónaco, Montenegro,
Nueva Zelanda y Noruega.
Arabia Saudí reaccionó con indignación a la condena
colectiva. “Las injerencias en los asuntos internos en nombre de la
defensa de los derechos humanos es un ataque a nuestra soberanía”,
declaró el representante saudí ante el Consejo, Abdulaziz al Wasil, que
acusó a “algunos países” de explotar el organismo para sus causas
políticas.
La condena cita por su nombre a diez activistas, como Loujain al Hathloul,
Eman al Nafyan o Aziza al Yusef, detenidas en mayo del 2018, un mes
antes de que el régimen concediese el derecho a conducir a las mujeres,
por lo que ellas llevaban años luchando.
La iniciativa fue impulsada por Islandia, que entró
en el Consejo de Derechos Humanos el año pasado en sustitución de
EE.UU., después de que Donald Trump sacara a su país argumentando que es
una “organización hipócrita”, a la que acusó de tener un sesgo
antiisraelí y servir de plataforma a China,Venezuela o Irán.
La Administración Trump ha tejido una estrecha alianza con el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman,
que ha defendido a capa y espada pese a las críticas –incluso desde el
propio Congreso de EE.UU.– por el escándalo Khashoggi.
Arabia Saudí, que
primero desmintió la muerte, admitió posteriormente el asesinato del
periodista, crítico con Bin Salman, pero lo atribuyó a un comando que
actuó de forma “descontrolada”.
El embajador islandés llamó a Arabia Saudí a
“divulgar todas las informaciones disponibles y a cooperar plenamente
con todas las investigaciones, incluida la investigación llevada a cabo
por la enviada especial de la ONU”.
Agnès Callamard, designada por el
Consejo para investigar el caso Khashoggi, aseguró en febrero tras
regresar de Turquía que la muerte del periodista fue “planificada y
perpetrada por representantes del Estado saudí”.
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