LONDRES.- La
primera ministra del Reino Unido, Theresa May, se niega a descartar
retrasar la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, mientras el
Parlamento avanza para asumir el proceso y evitar un brexit sin acuerdo
que sería económicamente perjudicial.
May
está bajo la presión de un grupo interpartidista de políticos que está
redactando una nueva ley para obligarla a solicitar a la UE que
prorrogue el plazo para el brexit.
Si
no se alcanza un acuerdo antes del 26 de febrero, el Parlamento podrá
dirigir los próximos pasos, incluso obligar a May a solicitar una
extensión de las negociaciones más allá de la fecha de salida planeada
por Gran Bretaña para el 29 de marzo, según el plan.
El
lunes, la primera ministra insinuó que ya está contemplando una
extensión. Durante una sesión de preguntas en la Cámara de los Comunes, a
May le preguntaron repetidamente si descartaría un retraso en el retiro
del Reino Unido, pero no llegó a hacerlo.
Sus
comentarios son otra muestra de que el problemático divorcio entre el
Reino Unido y la UE necesitará más tiempo. Con poco más de nueve semanas
para la terminación de la membresía británica a la UE, todavía no hay
señales de un plan que pueda ser aprobado por el Parlamento.
May
ha mantenido conversaciones con miembros de la oposición en el
Parlamento, en un intento por formular un plan interpartidista para el
futuro. Sin embargo, ha dicho que sus esfuerzos no estaban funcionando
porque su principal rival, el líder del partido laborista, Jeremy
Corbyn, se negaba a participar.
May
dijo que cambiaría su enfoque para encontrar un arreglo con la UE sobre
el plan de respaldo para evitar una frontera dura con Irlanda, el
llamado "backstop" irlandés. Esta es la parte más polémica del acuerdo
de salida y, hasta ahora, la UE se ha negado a reabrir las
conversaciones sobre el tema.
En
otras concesiones a sus críticos, May dijo que su gobierno eliminará la
tarifa de 65 libras (84 dólares) para los ciudadanos europeos que
deseen permanecer en el Reino Unido, y se comprometió a hablar con los
sindicatos y los partidos de la oposición para garantizar los derechos
de los trabajadores y las protecciones ambientales, en un intento por
construir consenso alrededor de su acuerdo.
Rechazó
las repetidas solicitudes de un segundo referéndum sobre el brexit,
advirtiendo que si el Parlamento no cumpliera los deseos de los 17,4
millones de personas que votaron por abandonar la UE en 2016, eso
"dañaría la cohesión social y la fe en nuestra democracia".
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