TOKIO.- Japón
aprobó una controvertida normativa que ha abierto el debate público
sobre los frecuentes abusos laborales contra inmigrantes y sus
problemas de integración, en un país cada vez más necesitado de mano de
obra foránea.
Tras
un largo proceso de deliberación, el Parlamento nipón ratificó una reforma legislativa que ha sido criticada por toda la
oposición en bloque y por organizaciones defensoras de los derechos
humanos, al considerar que precarizará aún más la situación de los
inmigrantes poco cualificados.
La
normativa supone un giro notable en la restrictiva política migratoria
del país asiático, cuya historia está marcada por el hermetismo ante la
entrada de extranjeros, y fue ideada por el Gobierno del conservador
Shinzo Abe para mitigar la acuciante falta de mano de obra.
Se
trata de ampliar el llamado programa de formación técnica para
trabajadores extranjeros, en el marco del cual se conceden visados
temporales a inmigrantes empleados en sectores especialmente afectados
por la escasez laboral como la construcción, los servicios, la
agricultura, la industria o la sanidad.
Esto
permitirá la entrada en el país de unos 345.000 inmigrantes durante los
próximos cinco años, que se sumarán a los 480.000 llegados a Japón
entre 2013 y 2017 dentro de dicho programa, la mayoría de ellos
procedentes de China o del sudeste asiático.
El
Gobierno defiende la utilidad de este esquema para subsanar la carestía
de mano de obra en el actual contexto de baja natalidad y acelerado
envejecimiento demográfico, y afirma que, además, servirá para
"transferir conocimientos técnicos" a países vecinos en vías de
desarrollo.
Sus
detractores, entre ellos la principal fuerza de la oposición, el
progresista Partido Constitucional Democrático, y diversos académicos y
expertos legales, señalan que se trata de un sistema de explotación
encubierta.
La
reforma extenderá el actual periodo permitido de residencia para
trabajadores extranjeros poco cualificados desde tres hasta cinco años y
ampliable a un máximo de diez, pero sin permitir a los inmigrantes
trasladar a sus familias a Japón y manteniendo barreras casi insalvables
para concederles el estatus de residentes permanentes.
El
programa original, puesto en marcha en 1993, permite a los inmigrantes
trabajar en Japón bajo unas condiciones muy inferiores a las de un
empleado regular, y en la mayoría de los casos, con la mediación de
agencias que gestionan sus trámites legales y su entrada en el país a
cambio de un prolongado endeudamiento.
"El
sistema fue diseñado inicialmente como una forma de contribuir a la
comunidad internacional... Pero es evidente que esto es una mentira, y
que ha sido utilizado para obtener mano de obra barata", señaló el
abogado laboralista Shoichi Ibusuki, en un encuentro con medios.
Según
este letrado, los inmigrantes que participan en el programa cobran
sueldos tan bajos como 300 yenes por hora (unos 3,2 euros y menos de la
mitad del sueldo mínimo en Japón) y trabajan hasta 60 horas mensuales
por encima del tope legal, lo que da lugar a frecuentes accidentes
laborales, entre otros abusos.
En
los últimos dos años, 69 extranjeros que trabajaban en el marco de este
sistema murieron a causa de suicidios, accidentes laborales o
enfermedades, según un informe del Ministerio de Justicia sacado a la
luz por la oposición durante la tramitación de la reforma legislativa.
Para
Ibusuki, quien ha representado a inmigrantes en decenas de juicios por
abusos laborales, Japón "debería crear un nuevo marco legal y adaptarlo a
estándares internacionales", en lugar de extender un programa "que da
lugar a numerosas violaciones" de los derechos humanos.
"Es
inaceptable un sistema que solo permite a los extranjeros ser usados
como mano de obra, y que les envía de vuelta a sus países al terminar
sus contratos y expirar sus visados", dijo por su parte el profesor de
Sociología de la Universidad de Osaka Sachi Takaya, en su intervención
en un panel de expertos durante el debate parlamentario.
La
reforma legislativa también incluye un nuevo tipo de visado para
extranjeros con alta cualificación profesional, para los cuales será más
fácil renovar indefinidamente sus periodos de estancia y a quienes sí
se permitirá reunir a sus familias en Japón.
Las
voces críticas señalan asimismo que en Japón no existen políticas que
faciliten la integración de los inmigrantes, ni que les garanticen
representación sindical o protección legal pese al número creciente de
extranjeros residentes.
En
Japón había 1,28 millones de trabajadores extranjeros en 2017, lo que
representa un 2 por ciento de la mano de obra total y el doble que cinco
años antes, según datos del Ejecutivo, unas cifras que aumentarán
previsiblemente con la entrada en vigor de la nueva normativa el próximo
abril.
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