WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este viernes
dos órdenes ejecutivas para revisar la ley Dodd-Frank, aprobada en 2010
para reglamentar los mercados financieros tras la catastrófica crisis de
2008 e impulsada por su predecesor, Barack Obama. "Estamos firmando
principios fundamentales para regular el sistema financiero de EE UU. Es
difícil pensar en algo más importante, ¿verdad?", expresó el nuevo
inquilino de la Casa Blanca antes de estampar su firma en el decreto.
Esta ley Dodd-Frank, que había sido promulgada durante la
primera legislatura de Obama, está en el centro de la irritación de los
legisladores del gobernante Republicano y del sector financiero porque
siempre la han considerado como una camisa de fuerza desactualizada. "La
ley ha sido un desastre no apenas por su impacto sino también porque no
logró los objetivos que se propuso", ha comentado el portavoz de la
Casa Blanca, Sean Spicer.
Entre sus miles de normas, determinó que los bancos deberían
someterse a pruebas anuales para comprobar su solidez en caso de crisis
financiera, para evitar un caída estrepitosa como ocurrió con Lehman
Brothers en septiembre de 2008. También prohibía bancos especular por
cuenta propia. La llegada de Trump a la Casa Blanca y la mayoría
republicana en el Congreso son señales claras de que este arsenal
legislativo tiene los días contados.
"Vamos a recortar mucho de la ley Dodd-Frank. Tengo amigos
que no pueden lanzar empresas debido a que los bancos no quieren
prestarles dinero a causa de las reglas y controles de la ley
Dodd-Frank", aseveró un Trump que rubricó los decretos en el Despacho
Oval después de su encuentro con destacados líderes empresariales como
el consejero delegado de JP Morgan, Jamie Dimon; la consejera de General
Motors, Mary Barra; y el consejero de General Electric, Jack Welch,
entre otros.
Al comienzo de la reunión, el presidente estadounidense
insistió en que hay "mucha gente", como amigos suyos, que tienen "buenos
negocios y no pueden pedir dinero prestado debido a las normas y
regulaciones de Dodd-Frank". La primera de las órdenes firmadas por
Trump urge a una revisión integral de esta ley, algo defendido por parte
de la industria financiera; mientras que la segunda analiza cómo
revertir una norma que fija las condiciones de inversión de los planes
de retiro de los trabajadores. Para llevar a cabo la revocación de la
reforma financiera, no obstante, el presidente estadounidense necesita
el respaldo del Congreso, algo para lo que buscará la ayuda de la
mayoría republicana (su partido) en ambas cámaras.
La ley Dodd-Frank que Trump quiere desmantelar generó un
arsenal de normas para evitar excesos del sector financiero de EE UU que
desataron la crisis de 2008. Votada en julio de 2010 a impulsos del
entonces presidente Obama, esa ley obliga a los gigantes bancarios a
someterse anualmente a tests que miden su resistencia a crisis
financieras. Es una forma de evitar quiebras catastróficas como la de
Lehman Brothers en setiembre de 2008. Los grandes bancos tienen también
que hacer un testamento que permita su ordenado desmantelamiento si
quiebran y no pueden devolver dividendos a accionistas sin el permiso de
la Reserva Federal (Fed).
Esta ley, un mamotreto de 2.300 páginas que es un dolor de
cabeza para Wall Street, apunta especialmente a los bancos considerados
"demasiado grandes como para quebrar". Se trata de entidades que si
quiebran desatarían un sismo en el sistema financiero que requeriría
hasta un rescate con fondos públicos. Tras varias demoras y a pesar del
intenso cabildeo de Wall Street, se empezó a aplicar una norma clave, la
llamada regla Volcker que prohíbe a los bancos especular por cuenta
propia. Esa regla estaba en la mira de Trump.
La ley que debe su nombre a los legisladores demócratas
Barney Frank y Chris Dodd tuvo varios retrasos y no ha sido aplicada
totalmente. Ahora, la llegada de Trump a la Casa Blanca y sus aliados
congresistas son indicios del desmantelamiento legislativo. Incluso los
republicanos ya le habían propinado esta semana un primer golpe a esa
ley, derogando una norma que obligaba a las petroleras y mineras a
divulgar la cantidad de dinero vertida en el exterior como forma de
evitar acusaciones de corrupción.
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