WASHINGTON.- La sanción de 1.000
millones de dólares al fabricante de airbags Takata, es el último acto
del Gobierno del presidente de EE.UU., Barack Obama, que culmina su
mandato como uno de los más severos con el sector del automóvil.
El acuerdo del viernes con Takata, por
el que el fabricante japonés acepta su responsabilidad por el defecto
que ha causado más de una decena de muertos en Estados Unidos y casi 200
heridos, se une al que Washington llegó el 11 de enero con Volkswagen (VW).
Takata, que durante años ocultó a
sabiendas el defecto que provoca la explosión de los airbag defectuosos,
pagará una multa de 25 millones de dólares, y creará dos fondos de 125 y
850 millones de dólares para compensar a víctimas y fabricantes de
automóviles, respectivamente.
Además, tres altos directivos de Takata
han sido imputados y se enfrentan a varios cargos de fraude por su papel
en el escándalo.
En el caso de VW, que también aceptó que
durante años había ocultado de forma fraudulenta el trucaje de sus
motores diésel para enmascarar emisiones ilegales, el fabricante alemán
pagará una multa de 4.300 millones de dólares.
Esta multa se suma a 15.000 millones de
dólares en indemnizaciones que VW ya había acordado pagar a los
propietarios de los 590.000 vehículos trucados en Estados Unidos y las
autoridades medioambientales federales y de California.
Y seis de sus ejecutivos, encargados del
desarrollo y comercialización de los motores trucados han sido
imputados por las autoridades estadounidenses. Uno de ellos, Oliver
Schmidt, de 48 años de edad, ya ha sido detenido.
Pero la mano dura de la administración del presidente Obama no se limita a estas dos empresas.
En 2015, las autoridades federales obligaron a General Motors (GM) a pagar la que entonces era la segunda multa más elevada de la
historia del automóvil en Estados Unidos, 900 millones de dólares, por
ocultar durante años el defecto del sistema de encendido de sus
automóviles.
El defecto, que GM ocultó desde
principios del siglo XXI hasta 2014, ha causado al menos 124 muertos en
Estados Unidos y cerca de 300 lesionados.
Hasta la imposición la semana pasada de
la multa de 4.300 millones de dólares a VW, Toyota poseía el récord de
la mayor sanción económica a un fabricante, 1.200 millones de dólares,
que acordó pagar en 2014 para cerrar la investigación por las
aceleraciones involuntarias de sus vehículos.
Con toda seguridad, a la lista compuesta
por Takata, VW, GM y Toyota se sumaría en el futuro Fiat Chrysler (FCA)
sino fuese porque el segundo y último mandato del presidente Obama
termina el próximo 20 de enero.
Y es que el pasado jueves, la Agencia de
Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) acusó a la compañía
italo-estadounidense de un delito similar al cometido por VW: ocultar
las emisiones reales de sus motores diésel utilizando un software.
De probarse las acusaciones de EPA, que
han sido negadas rotundamente por FCA, el fabricante podría verse
obligado a pagar 4.600 millones de dólares en multas.
Sin embargo, las probabilidades de que
la investigación contra FCA termine en algo parecido a lo que les ha
sucedido a VW o GM o Toyota son escasas con la llegada a la Casa Blanca
del presidente electo, Donald Trump.
Para empezar, su candidato a dirigir
EPA, Scott Pruitt, ha sido un vocal crítico de las actuaciones de la
agencia que se ha convertido con Obama en el azote del sector del
automóvil.
El presidente de FCA, Sergio Marchionne,
resumió con enfado el sentir del sector automotriz por las acciones de
EPA y las autoridades federales al declarar que no son "una clase de
criminales" ni están "intentando transgredir la ley".
Pero la fiscal encargada del caso de
Takata, Barbara McQuade, declaró al anunciar el acuerdo con el
fabricante japonés que el sector del automóvil tiene que cumplir la ley
sin excepciones.
McQuade explicó que si los fabricantes
no cumplen con sus obligaciones y "en vez de eso, eligen defraudar,
individuos y empresas responsables, tendrán que rendir cuentas".
No hay comentarios:
Publicar un comentario